Así lo puso ayer de manifiesto la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, tras la reunión del Consejo de Ministros, que autorizó la creación de la Sociedad Pública de Alquiler que operará a partir del próximo otoño y gestionará inicialmente 1.000 viviendas, aunque esa cifra se prevé que crezca a 24.000 viviendas en cuatro años.

La vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, detalló que nunca amenazará al negocio de las entidades privadas del sector, puesto que las viviendas en las que intermedie nunca supondrán más del 1,5 o el 2% del conjunto del mercado.

Trujillo indicó que la sociedad firmará un contrato con el propietario de una vivienda que quiera alquilarla, que incluirá seguros multirriesgos para garantizar la percepción económica de la renta, así como la asistencia jurídica y sus gastos, y de caución para la conservación del inmueble.

"El propietario siempre va a percibir su renta, porque en caso de impago la agencia tiene una memoria económica, un plan de equilibrio financiero y tiene contratados los riesgos habidos y por haber durante la vigencia del contrato y de la disposición de la vivienda a la sociedad", señaló la titular de Vivienda, quién señaló que esta medida fomentará en el mercado español asegurador la entrada de forma "más fuerte" de productos dirigidos al alquiler.

Caso de impago

En caso de impago, el propietario deberá iniciar la acción judicial, pero "esto no es motivo de preocupación", indicó Trujillo, quien señaló que el arrendador seguirá percibiendo su renta, tendrá garantizada la asistencia jurídica y pagados los costes procesales, por lo que "tendrá un beneficio de un producto que no existe en el mercado inmobiliario", matizó.

Igualmente, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, se comprometió a adoptar medidas específicas para la agilización de los juicios de desahucio, como la inclusión dentro de las oficinas que se están poniendo en marcha de citación para los juicios rápidos de estos casos o instrucciones a la fiscalía para que se evacuen inmediatamente las calificaciones, precisó la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.

Precios asequibles

El propietario y el inquilino firmarán un contrato de arrendamiento "sencillo" y "transparente", de manera que la agencia se encargará de buscar a la persona adecuada para que entre a vivir en el piso y de cobrar las mensualidades, que serán "asequibles" y cada vez más, según se vaya dinamizando el mercado, aunque también dependerá de la ubicación y la tipología de la casa, precisó Trujillo.

En concreto, el 80% de la renta que se fije se destinará al propietario y el 20% a la Sociedad Pública del Alquiler, porcentaje que servirá para garantizar al arrendador la adecuación de su piso, y su devolución en perfecto estado tras el fin de contrato.

La sociedad se constituirá la semana que viene con un capital social de veinte millones de euros y con un presupuesto para este año de seis millones de euros, explicó la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, en la misma rueda de prensa.

Trabajo en "red capilar"

La nueva sociedad, dependiente de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), no tendrá oficinas propias, sino que trabajará en "red capilar" con la concertación y colaboración de las comunidades autónomas, ayuntamientos, institutos de la juventud, agentes inmobiliarios y administradores de fincas, explicó la ministra de Vivienda.

Por ello, la agencia contará sólo con una plantilla de 20 personas y desarrollará su actividad hasta que se dinamice el mercado del alquiler, aproximadamente diez años, aseveró Trujillo, quien añadió que no es el objetivo de la entidad suplantar el sector privado del alquiler.

La creación de esta agencia, cuyo objetivo es facilitar el acceso a la vivienda a la población con menores recursos económicos y dar garantías a los propietarios, se enmarca en las medidas adoptadas por el Gobierno en el Plan de Choque y en el Plan de Dinamización, ya que facilitará la movilidad geográfica y con ello la laboral, concluyó la ministra.

PP busca apoyo

Mientras, desde el PP se anunciaba que se buscarían apoyos de otras formaciones para intentar frenar en el Parlamento la creación de la Sociedad Pública del Alquiler ya que, a su juicio, esa agencia supone una injerencia en las competencias de comunidades autónomas y ayuntamientos y confundirá a los ciudadanos, acostumbrados ya a recurrrir a administraciones más cercanas, según anunció el secretario ejecutivo popular de Economía, Miguel Arias Cañete.

El dirigente popular, que recordó que el PP ha presentado ya proposiciones no de Ley en Congreso y Senado para instar al Gobierno a suspender la creación de la sociedad, pidió que Trujillo reoriente el dinero público asignado a esa entidad hacia las agencias públicas de alquiler autonómicas y locales ya existentes.