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La reforma fiscal que prepara el Gobierno, un proyecto de ley que será aprobado en Consejo de Ministros tras el
verano, no contempla, por ahora, cambios en el reparto de competencias tributarias entre Estado y comunidades,
ni tampoco en la aportación prevista en la declaración de la renta para la Iglesia. Así lo anunció ayer en el
Senado el vicepresidente económico, Pedro Solbes, quien recordó en cualquier caso que en el nuevo impuesto de
la renta (IRPF) «aún hay detalles por discutir» como el tratamiento de las plusvalías.
La comparecencia del ministro de Economía apenas aportó detalles relevantes sobre la reforma del IRPF, y dejó
por contestar algunas de las preguntas del PP hasta perfilarla por completo. Así, insistió en que reducirá la
tributación de las rentas del trabajo, se cambiará el tratamiento fiscal de los planes de pensiones para incentivar
su uso real como renta diferida para la jubilación, y se mantendrá el tope actual para las deducciones por vivienda.
Sobre la aportación fiscal que recibe la Iglesia, y su posible eliminación para garantizar el laicismo del Estado,
dijo que no se ha «planteado ese problema», y precisó que no habrá cambios ni en los presupuestos de 2005 ni en
2006.
Agencias propias
Sobre el papel de las comunidades y, en concreto, la petición de Cataluña para tener una agencia tributaria
propia, el ministro recordó que «los impuestos estatales los gestiona el Estado, y en eso no va a haber cambios».
«Otra cosa -añadió- es que queremos aumentar la colaboración y coordinación interterritorial, y que haya un alto
nivel de cooperación con la Administración central».
Por otro lado, insistió en que «no parece razonable» mantener un incentivo fiscal a los planes de pensiones que
beneficia principalmente a los contribuyentes con rentas más altas.
Poco antes de su comparecencia, Solbes recibió el respaldo de los asesores fiscales que apoyaron las líneas
generales del nuevo impuesto de la renta. En opinión del Registro de Economistas Asesores Fiscales son «sensatas»
y «moderadas», al tiempo que valora que se haya renunciado a realizar «ensayos o experimentos» en esa materia.
Critica, no obstante, que se hayan aplazado las modificaciones en el impuesto de sociedades, ya que con ello
se retrasa también los incentivos a la actividad empresarial.
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