El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer la convalidación del Decreto Ley de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública, que supone el primer paquete de medidas del Plan de Dinamización de la economía elaborado por el Gobierno. El decreto fue convalidado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, que votó en contra, y CiU, que se abstuvo. Asimismo, se rechazó la tramitación del mismo como proyecto de ley (151 votos a favor y 168 en contra), pese a que todas las fuerzas políticas excepto el PSOE se habían mostrado a favor.

El PSOE consiguió que prosperara la convalidación, después de una negociación con ERC e IU-ICV, grupos que aseguran haber conseguido, a cambio de su voto, algunas modificaciones en materia nuclear y del sector eléctrico. Aunque se esperaba una votación más ajustada, el Congreso aprobó finalmente el decreto por un amplio margen. El cambio más destacable respecto a los planes iniciales del Gobierno es el compromiso obtenido por IU-ICV de que no se aplicará el procedimiento de urgencia previsto para la expropiación de terrenos que ENRESA dedicará a la manipulación de residuos radiactivos, permitiendo así un mayor estudio y debate públicos.

En el caso de ERC, su portavoz, Joan Puigcercós, aseguró que los compromisos obtenidos del PSOE inciden más en el sector eléctrico, ya que los republicanos consideran que la propuesta del Gobierno perjudica a las pequeñas empresas de distribución y comercialización y beneficia a las grandes "de siempre". Tanto ERC como IU-ICV han comprometido con el PSOE que sí habrá posibilidad de enmendar —se tramitarán como proyectos de ley— los siguientes decretos que deben desarrollar el conjunto de medidas para el fomento de la productividad, y que en ellos se introducirán algunos de los cambios acordados ahora.

Arranque con ruido

Excepto CiU, que condicionó su respaldo a que el PSOE aceptara la tramitación como proyecto de ley, el resto de grupos parlamentarios (ERC, PNV, IU-ICV, CC y BNG) expresaron su apoyo al decreto aprobado por el Gobierno, con fuertes críticas en la mayoría de los casos, y manifestaron su deseo de que se tramite como proyecto de ley para poder introducir mejoras vía enmiendas, ya que las medidas recogidas en el mismo son insuficientes.

A este respecto, coincidieron en que algunos aspectos del decreto merecen un debate de mayor profundidad, como la liberalización del mercado eléctrico, y en comparar el decreto con la Ley de Acompañamiento, ya que modifica doce normas. El Gobierno socialista eliminó esta norma que tradicionalmente viene ligada a los Presupuestos Generales del Estado, al considerar que era una herramienta abusiva, que el anterior Ejecutivo del PP había aprovechado para cambiar leyes de calado evitando un largo trámite parlamentario. Los portavoces parlamentarios criticaron también que el Gobierno no haya tenido en cuenta a los sectores implicados, a las comunidades autónomas ni a los agentes sociales a la hora de elaborar este decreto.

Las mayores critícas llegaron, en todo caso, y como se esperaba, del PP. Su portavoz económico, Miguel Arias Cañete, calificó el decreto de "bodrio" y dijo que "si el Gobierno ha hecho todo lo que podía hacer para aumentar la competitividad, sería una catástrofe". Arias Cañete criticó que el Ejecutivo socialista lleva un año sin tomar ni una sola medida para el fomento de la competitividad, y ahora quieren "sacar de la chistera un conejo que apenas es un pequeño ratoncillo".

Cañete también aprovechó para subrayar que el decreto tiene el mismo carácter de "cajón de sastre" de la Ley de Acompañamiento, ya que se trata de un "rosario de intenciones", de las que algunas, dijo, no son nuevas y otras no tienen ninguna relación con la productividad. Desde CiU, el portavoz económico, Josep Sánchez Llibre, manifestó su decepción y escepticismo con una medidas que considera "confusas, de corto alcance y con poca transparencia". El diputado de IU-ICV, Ángel Pérez, auguró que "lo peor está por venir", y dijo que cuando se pone en marcha la unidad del impulso de la productividad, "la izquierda y los sindicatos temblamos".

Los primeros pasos del plan

El vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, en su defensa de la convalidación del decreto, afirmó que "hay que trabajar todos en la misma dirección", y destacó su importancia para avanzar en los objetivos de la estrategia de Lisboa y lograr una mayor eficiencia en el funcionamiento de la economía. Solbes expuso las medidas dinamizadoras de la economía que afectan a distintos sectores como el energético, telecomunicaciones, distribución de tabaco, servicios postales, mercados financieros, transporte o vivienda.

En materia de energía, recordó la decisión de crear la figura del operador "dominante" para cada uno de los mercados en el sector energético, que incluirá a los grupos con una cuota de mercado superior al 10%, lo que supondrá que sufrirán "una regulación de cierto tipo de actividades" que el Ejecutivo todavía no ha desarrollado. En este ámbito, resaltó la opción del Gobierno de excluir a las empresas que actúan como gestores técnicos de los distintos sistemas (Red Eléctrica en el caso de la electricidad, Enagás en el del gas y CLH en el de carburantes) de la lista de operadores principales.

Otras cuestiones contenidas en este programa dinamizador de la economía van dirigidas a desarrollar un plan de modernización y reestructuración del sector público empresarial con el objetivo de aumentar su eficiencia. El Ejecutivo se plantea diseñar una nueva estrategia para el sector público empresarial, para el grupo SEPI y el grupo Patrimonio, así como para el resto de participaciones públicas empresariales. Para ello, el Gobierno pretende elaborar un código de buenas prácticas en empresas públicas, que se elevará en tres meses al Consejo de Ministros.

Además, el Plan de Dinamización también trata la distribución del tabaco, lo que permitirá a los propietarios de los estancos traspasar estos establecimientos a personas que no sean familiares de los titulares, con la finalidad de facilitar el desarrollo de la iniciativa empresarial. En este campo, el Gobierno pretende reducir asimismo a 25 años el plazo de las concesiones, así como de las que se transmitan, para aportar transparencia, flexibilidad y racionalidad en el mercado de tenencias de expendedurías. En la actualidad, las concesiones son de duración indefinida.

La debilidad del sector exterior

En las advertencias sobre los problemas de competitividad de la economía española que hacía días atrás el director gerente del FMI, Rodrigo Rato, durante una visita a España, podría haber quién viera el mensaje del antecesor de Solbes en el Ministerio, pero el propio ministro socialista ha reconocido varias veces estas dificultades, y el comisario europeo de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, insistía este lunes pasado en que el déficit exterior español está ensombreciendo una situación económica "envidiable".

Uno de los grandes caballos de batalla de este Plan de Dinamización es precisamente eso, dinamizar la economía, hacerla más competitiva frente al exterior. Mientras desde el PP se critica que en la propuesta de Solbes no haya "una sóla línea" en este sentido, el Gobierno pide calma y reconoce que sus bondades no se verán a corto plazo. Ya ha advertido de que no va a establecer objetivos cuantificables para valorar el éxito o fracaso del nuevo Plan de Dinamización, sino que realizará una valoración anual, para ver las nuevas medidas que sería necesario incorporar.

El déficit comercial español alcanzó en el 2004 los 60.760 millones de euros, con un crecimiento de más del 30% que supone triplicar el ritmo de avance del déficit del 2003. El impulso de las importaciones casi dobló el de las exportaciones y las ventas al exterior crecieron un 6,3%, más de dos puntos por debajo de lo que mejoró el comercio mundial. A consecuencia de todo ello, se dobló la necesidad de financiación de la economía, hasta situarse en el 4,6% del PIB.

Al tiempo, las inversiones directas en España bajaron un 65% y la productividad de la economía, cuya mejora forma parte de los grandes objetivos que se marcó Solbes para la legislatura, descendió una décima, hasta el 0,6%. En enero pasado, el crecimiento interanual del déficit comercial superó el 50%, con unas exportaciones creciendo apenas un 1,9% y unas importaciones avanzando casi el 14%.

Expectativas a peor

La situación es compleja. La aportación negativa del sector exterior al crecimiento de la economía alcanzó en el 2004 los 1,7 puntos, más del doble que el año anterior, y la Comisión Europea no espera que en el 2005 se coloque por debajo de los 1,4 puntos. La fundación de las cajas de ahorros, Funcas, también piensa que el déficit irá a más.

Bruselas avisa, igualmente, de que el siempre socorrido superávit que aporta el turismo se va a estancar. El saldo turístico pasó de 29.000 millones de euros en el 2003 a 28.000 millones el año pasado. El PP afirma que si la situación del sector exterior fuese mucho más equilibrada, la economía española podría llegar a crecer a tasas cercanas al 4% —frente al 2,6 o 2,7% actual—, y crearía 100.000 empleos adicionales.

Junto al propio Plan de Dinamización, el Gobierno acaba de presentar un plan de choque para reducir el déficit comercial y mejorar la competitividad. El ministro de Industia, José Montilla, propone crear observatorios industriales para analizar la situación de los sectores más vulnerables y potenciar los mercados comerciales no-UE, que en estos momentos apenas representan una cuarta parte de las ventas de España al exterior.