Los expertos valoraron ayer positivamente las líneas generales de la reforma del IRPF que presentó el
miércoles el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, especialmente su línea de 'moderación'
y el hecho de que no suponga una ruptura respecto al impuesto actual. Con todo, criticaron que su entrada
en vigor no se produzca hasta enero de 2007.
Valentín Pich, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) mostró su sorpresa por ese
aplazamiento, dado que todos los agentes económicos descontaban ya la aplicación en 2006. Pich valora la
línea continuista elegida por Solbes, en contraposición a algunas alternativas planteadas desde el propio
Ejecutivo como la imposición de un tipo único de gravamen en el impuesto.
El director de análisis del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Gregorio Izquierdo, valoró la bajada
anunciada en el tipo máximo (45%) pero sugirió que este descenso debe ir acompañado también con recortes
en el resto de tipos marginales.
Borja Montesino, director del área legal de Mercer RH Consulting, matizó que el aplazamiento de la reforma
será bienvenida siempre que se haga para madurar los cambios, con un criterio más asentado. Montesino
reconoció que el mejor trato a los rendimientos del trabajo, propuesto por el Gobierno, era una asignatura
pendiente desde hace años, pero se mostró contrario a que ello suponga hacerlo a costa de la tributación
del ahorro. 'Deberían potenciarse otros productos alternativos a los planes de pensiones como los seguros
colectivos de vida', añadió, aprovechando que Solbes tiene la intención de mejorar el trato fiscal de los
seguros de dependencia.
Por su parte, el director general de la patronal de fondos de inversión (Inverco) Angel Martínez Aldama,
agradeció que el Gobierno haya decidido, finalmente, mantener la deducción por aportaciones a planes de
pensiones, que estaba en entredicho hace sólo cuatro meses. 'Ahora habrá que ver en qué quedan los cambios
anunciados', dijo, en relación a la pretensión de Hacienda de recortar la deducción fiscal máxima de la
que gozan los contribuyentes por este tipo de aportaciones (puede llegar a 48.000 euros).
CC OO pide que no haya pérdida de ingresos
El jefe del gabinete económico de CC OO, Miguel Ángel García, pidió ayer al Gobierno que no permita una
pérdida recaudatoria con el nuevo IRPF, dadas las crecientes necesidades para financiar servicios sociales,
tanto del Estado central como de las comunidades autónomas (a ellas va a parar más del 30% de los ingresos
obtenidos por este impuesto). García destacó que las últimas reformas del tributo han supuesto una pérdida
recaudatoria notable, en torno a los 7.000 millones de euros anuales (el 1,1 % del PIB). En 1995, los
ingresos por IRPF suponían el 7,12% del PIB, mientras que en 2004, después de dos reformas de los Gobiernos
del PP, tan sólo alcanza el 5,99%. El sindicato propone mantener el actual sistema de tipos y número de
tramos del impuesto e integrar las plusvalías en la base general del impuesto.
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