|
El Ministerio de Administraciones Públicas ha anunciado cambios en el sistema de acceso al
funcionariado, y sus intenciones, aún confusas e inconcretas, han suscitado recelos. ¿Se deja
la puerta abierta a una mayor subjetividad o señalamiento a dedo? La cuestión es de peso: más
de 170.000 españoles están preparando unas oposiciones.
¿Funciona la selección de funcionarios? Del tópico de la visera y el «vuelva usted mañana»
hemos pasado al listón aparentemente transparente e implacable de la oposición y a una realidad
tan diversa que sólo permite aplicar la definición de «empleados públicos» a quienes han accedido
a una saca sin fondo en la que caben lo mismo un bombero que una enfermera, un bibliotecario o
un inspector de Hacienda. ¿Cómo generalizar? Hay muchísimos (casi 2,3 millones en España), pero,
al parecer, no tantos como permitiría la capacidad de absorción del Estado y de sus mitosis autonómicas
y municipales. Los sindicatos se quejan de la escasa oferta de plazas y denostan la «tasa de
reposición», fórmula puesta en marcha por Pedro Solbes cuando fue ministro de Felipe González por la
que sólo se cubría un 25 por ciento de los puestos de los trabajadores de la Administración que se
jubilaban. Con el PP, Javier Arenas «abrió la mano» y se permitió renovar el 100 por 100 de las bajas
por jubilación.
El paisaje de los datos es variopinto: en 2003, último año computado, había 2.237.365 funcionarios,
1.139.927 de ellos (la mitad) pertenecientes a las Comunidades Autónomas, 552.492 a los Ayuntamientos
y 544.946 al Estado. Dado que la población ocupada, según el INE, supera levemente los 17 millones
de personas, uno de cada siete ciudadanos que trabaja en España lo hace con plaza fija en alguna
Administración.
Aunque la otra gran cuestión pendiente es la de la creciente y ya casi insostenible tasa de temporalidad
en esos cometidos (casi un 23 por ciento), circunstancia alimentada precisamente por la escasa oferta
de empleo público, aunque haya un enorme contraste entre el 8 por ciento de temporalidad en la
Administración estatal y el 33 por ciento de algunos Ayuntamientos. Es ya un hecho: la teoría de que el
traspaso de competencias a las Autonomías iba a suponer una reducción sostenida del personal de la
Administración estatal ha quedado obsoleta, pues su oferta de empleo público para este año, de 26.550
plazas, supone un incremento de un 13,1 por ciento respecto a 2004.
Los problemas, muy diversos, se pueden resumir en dos grandes apartados: la ya mencionada temporalidad,
estrechamente vinculada a la escasez de la oferta de plazas, y la idoneidad, puesta ahora en cuestión,
de los procesos de selección. ¿Son adecuadas, ponderadas y justas las oposiciones?
Jordi Sevilla, titular de Administraciones Públicas, ha puesto en marcha proyectos para la modernización
de la función pública que exigen una adecuación entre aspirantes y trabajo ofertado. Una aspiración con
polvareda: al publicarse en el BOE el Real Decreto de oferta de empleo público para 2005, el artículo 4,
apartado A, fue diseccionado con todo tipo de interpretaciones. Reza el texto: «Las pruebas y programas
selectivos deberán orientarse a la selección y evaluación de habilidades y aptitudes asociadas a los
puestos de trabajo que se vayan a desempeñar, de forma que se fomente la realización de los ejercicios
de carácter práctico, los test psicotécnicos o de aptitud y los cursos selectivos y disminuya el peso de
las pruebas basadas en la exposición memorística».
Incertidumbres sin despejar
El portavoz del PP en la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados, Julio
Padilla, ya preguntó en el Pleno por los términos en los que se modificará el acceso a la Función Pública
sin que las respuestas del ministro hayan despejado sus incertidumbres, referidas a la falta de diálogo
al introducir la mención de esos cambios «paulatinos». Sevilla adujo que ese punto se había negociado en
dos reuniones de la Mesa de Retribución y Empleo, «en la que están representados siete sindicatos».
¿Queda con ello en riesgo el tradicional sistema y, quizá, se deja la puerta abierta a una mayor subjetividad
o señalamiento «a dedo»? El secretario general para la Administración Pública, Francisco Javier Velázquez,
explica que la necesidad de reforma de determinados procesos de selección «no significa que se acabe con el
tradicional sistema de oposiciones, sino que es necesario pulir el procedimiento y agilizarlo, porque hasta
ahora a veces pasan casi dos años entre la necesidad y la incorporación del trabajador. Obligatoriamente, la
selección de funcionarios ha de dilatarse en el tiempo, para atender con rigor a los principios de mérito y
capacidad, pero no tanto como ahora. Además, hay que modernizar determinados aspectos, porque es obvio que para
ciertas plazas auxiliares quizá sea más útil saber diseñar una página en Word que controlar al dedillo lecciones
aprendidas de memoria». Ha adelantado que el Gobierno «tratará de reducir de 200 a una horquilla de entre 100 y
150 los temarios para funcionarios del grupo A». Ese grupo engloba los puestos que exigen más alta cualificación,
como inspectores de Hacienda, jueces, registradores, abogados del Estado...
Para otros cometidos, Velázquez recurre al ejemplo de la «tortilla de patatas»: «Si lo que estamos seleccionando
es un cocinero, lo importante será que sepa preparar la tortilla, no que sea capaz de recitar de memoria la
Constitución. Por eso hay que diseñar pruebas más relacionadas con el perfil del puesto». Razones moderadas y
sensatas que no han impedido cierta inquietud: «Me han preguntado representantes del Centro de Estudios
Financieros y se lo he aclarado. Los cambios se harán poco a poco, porque hay que respetar que quienes están
preparando oposiciones no tiren el trabajo realizado».
Los Domingos de ABC también se ha puesto en contacto con la Cecap (Confederación Española de Centros de
Formación y Academias Privadas) donde, de momento, «no existe una opinión formada, pero sí movimientos para
que nos concreten en qué se va a traducir la reforma a corto plazo. Estamos manteniendo entrevistas con el
Ministerio sobre el particular». Velázquez dice que «ya está trabajando en ello un comité de expertos. A finales
de mayo emitirá un informe que recogerá los criterios que se aplicarán para agilizar las oposiciones y
modificar las pruebas».
Cree Velázquez que la reforma puede afectar en primera instancia a los colectivos más numerosos, los que se
presentan, por ejemplo, a administrativo, y tendrá un menor impacto para puestos como juez o notario. También
se refiere el secretario general a la famosa «tasa de reposición», el invento de Solbes (hace doce años) como
medida de contención del déficit público. Arguye que «ha habido que levantar esa limitación para los
Ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes porque son entidades que cada vez ofrecen más servicios».
Tasa de temporalidad
A los opositores la Administración les quiere ofrecer también «más servicios telemáticos, y, en su afán
de racionalización, el Ministerio intentará «establecer unas bases comunes en la convocatoria de las plazas
de los cuerpos básicos, porque hasta ahora cada Ministerio las ha elaborado por su cuenta». También hace
referencia a la necesidad de un mayor número de concursos-oposición para reducir la elevada tasa de
temporalidad en la función pública, nada ejemplar en opinión de los sindicatos. Velázquez les da la razón
y se ha comprometido a convertir en funcionarios a los interinos con más de cinco años de antigüedad.
Miguel Vicente Segarra, secretario de la Federación de Servicios y Administración Pública de Comisiones
Obreras, considera inaceptable lo que está ocurriendo: «Uno de cada tres trabajadores de las Administraciones
locales es eventual. Parte de la culpa la tiene la famosa tasa de reposición. Piensa que en el Ayuntamiento
de Madrid han hecho falta tres o cuatro mil personas y sólo se han jubilado 300. En la Sanidad o la
Enseñanza la temporalidad ronda el 25 por ciento. La promoción horizontal a través de concurso-oposición
se hace necesaria pero no se lleva a cabo en la proporción debida. El sistema debe premiar que ya hayas
desempeñado el puesto de trabajo para el que se busca el personal idóneo». En lo que se refiere a «aligerar»
los temarios de las pruebas de selección, está de acuerdo: «Hay oposiciones con más de 200 temas, una
barbaridad. Son pruebas excesivamente memorísticas que no implican habilidades prácticas para el trabajo».
Además critica que «no hay presencia sindical en los tribunales de selección para las plazas del Estado
y sí en los de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Entre determinados colectivos, además, sigue
primando el corporativismo». Esta afirmación no es gratuita y nos lleva a un interesante trabajo de
investigación que cuestiona la objetividad de las actuales oposiciones.
«¿Qué determina el éxito en unas oposiciones?». Éste es el título del análisis que el economista Manuel
F. Bagüés ha elaborado para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sobre la base de
40.000 aspirantes a siete oposiciones. En él se revelan algunos datos inquietantes. Si el cambio del
sistema propuesto por el Gobierno suscita recelos, la perpetuación de los patrones actuales también
tiene sus riesgos. «Hay -dice este economista con rotundidad- cuotas de subjetividad y falta de garantías
en muchas oposiciones, tal y como están planteadas hoy en España». Lo explica: «En casi todos los países
europeos los exámenes se someten a doble corrección y son anónimos. Sin ir más lejos en Italia, donde
trabajo. En España el anonimato determinado por ley desaparece en el momento en el que muchas convocatorias
introducen el examen oral, muy habitual para los altos funcionarios. Un ejemplo extremo es el de las
oposiciones del Cuerpo Diplomático, donde se preguntó en una ocasión «comente los aspectos socioeconómicos
y políticos de la frase Necesitamos mano de obra, vinieron muchas personas. El grado de valoración
subjetiva que se puede introducir al calificar una respuesta así es elevadísimo».
«Prácticas chapuceras»
Por casos como éste, Bagüés habla de «prácticas nada profesionales y muy chapuceras». Recuerda que
determinadas convocatorias de oposiciones, como las de jueces o notarios, son muy corporativistas,
controladas por los estamentos interesados y sin un control externo estricto: «Ellos deciden que se
lea el examen ante el tribunal y se cargan el anonimato, que existe en oposiciones como las de los MIR.
En sistemas como el anglosajón se da mucho peso a la entrevista personal, pero también es cierto que
las plazas convocadas no suelen ser vitalicias. Y en Inglaterra los notarios pasan una prueba mucho
más sencilla que aquí, pero luego compiten en un mercado abierto».
«El grado de aleatoriedad -opina- es muy elevado. Para convocatorias multitudinarias, mi estudio
revela que los que son llamados a examinarse primero tienen un 60 por ciento más de posibilidades
de aprobar, porque el efecto psicológico es devastador para los que esperan y porque el tribunal
se endurece en el camino. Es inevitable». Añade que «al opositor se le maltrata con los aplazamientos.
En la convocatoria para registradores se asigna una jornada a 100 personas y se examina únicamente a 20.
Sólo el 32 por ciento de esos opositores hizo la prueba el día en que fue llamado por primera vez». Por
eso cree que «debería hacerse primero un test exigente, a todos, que cribase seriamente y anulara el
«efecto orden». Sin embargo, colectivos que antes sí hacían esa prueba, como notarios, registradores
o abogados del Estado, la han eliminado». Del mismo modo, ha comprobado matemáticamente que «quienes
llevan apellidos de familia de jueces o diplomáticos tiene el doble de posibilidades de aprobar, por
la falta de anonimato. Eso no quiere decir que sean enchufados o inútiles. Pero sí que su nombre pesa
en el ánimo del tribunal. Y si las oposiciones a notario se celebran en una ciudad, los de ese lugar
tienen el doble de posibilidades de aprobar que los de fuera».
Recuerda que hay en España 170.000 personas que declaran que están preparando oposiciones, el 75
por ciento de ellos licenciados. Por ello «es elevadísimo el coste social y económico de unos procesos
de selección inadecuados».
Si no hubiera tanta aleatoriedad en las oposiciones más selectas no existiría, según este profesor,
«ese interés de los partidos políticos por cambiar la composición de determinados tribunales, y ésa
es una de las primeras cosas que hacen cuando llegan al poder».
|
