En opinión de Matos, la creación de la citada agencia —ideada para intermediar entre los propietarios de viviendas y sus posibles inquilinos para aumentar la seguridad jurídica de los acuerdos— es un "auténtico disparate", puesto que hay comunidades que ya tienen una similar. De hecho, los organismos autonómicos y locales "tienen distinto nombre, pero las mismas funciones" que el Gobierno pretende otorgar a la estatal, apuntó Matos.

Sin embargo, un portavoz del Ministerio de Vivienda descartó a Efe que la iniciativa se vaya a replantear y, de hecho, adelantó que su aprobación está prevista para el próximo Consejo de Ministros o, a más tardar, para el del 1 de abril. En opinión del popular, ninguna comunidad autónoma, ni siquiera las gobernadas por el PSOE, va a aceptar que la Administración General del Estado imponga la creación de una agencia para fomentar el alquiler que compita con la que ya tiene creada.

"Ambas agencias tendrán que competir o, en todo caso, la estatal se impondrá a la autonómica", apuntó Matos, quien destacó "tal injerencia supone un absoluto contrasentido". En su opinión, sería mejor que la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, rectificara y dedicara los 6 millones de euros presupuestados para la creación de la agencia estatal a reforzar las ya existentes o a crear otras de ámbito autonómico.

Problemas de competencias con las CCAA

En el texto de la proposición no de ley, el PP apunta que la creación de una agencia "con las mismas funciones que las entidades de ámbito autonómico o local ya creadas, y en pleno funcionamiento, se considera absolutamente inoportuno, innecesario y que —sin duda— creará problemas competenciales con aquellas".

El responsable popular anunció que, en caso de que la agencia se cree antes de que se debata la proposición no de ley en el Parlamento, el PP retirará este texto y presentará otro en el que se reclame la derogación de la norma que siente las bases para la constitución del citado organismo.

La proposición no de ley presentada es la tercera que elabora el PP en materia de vivienda en lo que va de legislatura. Así, ya presentó una destinada al fomento del mercado del alquiler y otra por la que se instaba al Gobierno a aplicar en los procedimientos judiciales sobre arrendamientos los denominados "juicios rápidos", autorizados en la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, ha presentado dos proposiciones de ley de reforma de la legislación de Arrendamientos Urbanos y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.