Hacienda está dispuesta a ponérselo difícil a quien defraude en el sector de los hidrocarburos, una actividad muy provechosa para las arcas públicas, ya que recauda de los contribuyentes cerca de 10.000 millones de euros al año en pago de impuestos, si se suman todos los componentes (gasolinas, gasóleos, alcoholes, y demás carburantes).
El plan de control anual de la Agencia Tributaria, aprobado hace un mes, ya recogía una mención específica sobre este sector como uno de los principales a seguir, además del inmobiliario y el financiero. Ahora, aprovechando las directrices generales del citado plan, el Ministerio de Economía y Hacienda ha decidido abrir una investigación especial 'que se centre, sobre todo, en los almacenes fiscales y las gasolineras', según informaron a Cinco Días en fuentes de la administración.
La investigación se centrará en la persecución del fraude cometido en la venta de gasóleo profesional (para agricultura y pesca) y en el que se usa como combustible para calefacción. Según fuentes de la Agencia Tributaria, se están detectando aumentos injustificados en el consumo de gasóleo agrícola y de pesca que no se corresponden con el crecimiento de la producción en estas áreas. Ello se debe, en parte, según Hacienda, al presunto desvío de este gasóleo bonificado (gasóleo B y C) para usarse como carburante para coches (gasóleo A).
Las características técnicas entre unos y otros carburantes son similares, por lo que pueden utilizarse como sustitutivos con muy pocos cambios. Sin embargo, la fiscalidad es bien diferente. Por el impuesto especial de hidrocarburos se paga una media de 269 euros por cada 1000 litros. En cambio, por el gasóleo agrícola (bonificado) apenas se tributa 78,7 euros por cada mil litros, es decir, casi cuatro veces menos en impuestos. Esta diferencia tan apreciable es la que está llevando a algunos contribuyentes a utilizar un carburante por otro con el consiguiente fraude al fisco.
La investigación que llevará a cabo la Agencia Tributaria en todo el año se desarrollará a lo largo y ancho de la geografía española, en la que están repartidas cerca de 7.000 estaciones de servicio, aparte de los almacenes fiscales (depósitos de carburantes). Incluirán 'actuaciones sobre el terreno', cuando sea necesarias, y controles periódicos de suministro de hidrocarburos, según confirmaron las mismas fuentes. El plan antifraude en el sector de los hidrocarburos coincide con la pretensión del Gobierno de que las cooperativas agrarias puedan vender gasóleo y gasolinas a consumidores terceros que no sean sus socios. La medida ha sido incluida en el 'plan de dinamización' de la economía española, hecho público hace diez días.
| |
El plan de la Agencia Tributaria incluirá 'actuaciones sobre el terreno' por todo el país
|
|
Desde el Ministerio de Economía se asegura que la medida elevará la competencia en el sector al aumentar los puntos de venta de carburantes y no supondrá un mayor riesgo de fraude fiscal, ya que las cooperativas estarán obligadas a separar la venta de carburante a los agricultores (con impuestos reducidos) de la venta al resto de consumidores, a precios sin bonificar.
Dispersión territorial en los controles
El fraude en los impuestos que gravan los carburantes ha mantenido una evolución exponencial en los últimos ejercicios, superado únicamente por el de las grandes tramas de IVA intracomunitario.
Sólo en 2003 (último año del que Hacienda dispone de datos desagregados), la deuda por fraude instruida en el impuesto de hidrocarburos alcanzó 39 millones de euros, un 10% más que el ejercicio anterior, una variación superior al crecimiento del PIB. El Gobierno lleva un control exhaustivo del impuesto, sobre todo en las actividades ligadas a los intercambios con el exterior. Los laboratorios de Aduanas realizan comprobaciones anuales en torno a 12.000 muestras, de las que más de 3.000 corresponden a hidrocarburos. En cambio, es más complejo realizar actuaciones sobre tráfico interno, que es el control que se pretende ahora reforzar, como se ha intentado en otros ejercicios.
Son sonados casos como el de la empresa 'Hidrocarburos Andaluces', por el que en 1996 fueron juzgados 10 individuos por vender en dos meses más de 20 millones de litros de gasóleo a un precio inferior al mercado, eludiendo el pago de 6 millones de euros. En 2000 se juzgó en Madrid a una veintena de empresarios de gasolineras por manipular los surtidores.
|
