Ya durante la campaña electoral, el equipo económico del PSOE vendió la reforma del impuesto de Patrimonio como uno de las ventajas para las rentas medias y bajas. La reforma plantea establecer un tipo único, situado en torno al 0,3 y 0,9% del patrimonio del contribuyente, menos de lo recogido en la propuesta electoral, en función de la rentabilidad real y razonable del patrimonio. En términos generales Hacienda podría rebajar en torno al 85%, unas 700.000 personas, de los actuales pagadores permitiendo una mejora del ahorro y la inversión.

Por otra parte y a pesar de que los gobiernos regionales tienen transferidas las competencias en la materia, la Administración central prevé una reducción del mínimo exento establecido en unos 108.000 euros. El mínimo se calcularía en función de la edad, multiplicando la edad del contribuyente por 12.000 euros.

La reforma del Impuesto de Patrimonio permitirá, además, dar a España un paso más en la armonización fiscal con el resto de la UE.

Por otra parte, el Gobierno persigue además aumentar la transparencia en la gestión del impuesto de Patrimonio, tal y como se incidía en la presentación de Plan de Prevención del 2005.

El programa, que se aplica desde mediados de febrero preveía la lucha contra los grandes patrimonios procedentes del narcotráfico.

Mensajes claros

La reforma del impuesto de Patrimonio suscita, al igual que en el caso del de Sucesiones, la reacción de contribuyentes y expertos en asesoría fiscal. Ya el pasado año, el presidente del Registro de Economistas de Asesores Fiscales (REAF), Valentí Pich, instó al Gobierno a que, a lo largo de la legislatura, "envíe mensajes claros" que permitan saber si se van o no a modificar impuestos.

La REAF aboga por bajar los tipos de gravamen dado que estos no se corresponden con la realidad tras la mayor la inflación y el aumento de las bases catastrales, con el objetivo de evitar que las clases medias sean los máximos contribuyentes de este impuesto.