Entre los planes que llevó el PSOE a las elecciones del año pasado figuraba la reducción de los cinco tramos actuales del IRPF y el progresivo acercamiento del tipo máximo al nominal del Impuesto de Sociedades, que también se revisará a la baja en su momento. La vieja idea del tipo único ha sido finalmente relegada a lo que el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha definido ya como una "muy valiosa referencia teórica".

Además, y con el objetivo de crear un impuesto más equitativo, se elevarían los mínimos personal y exento, de forma que dejaran de pagar las rentas más bajas de la sociedad. En esa misma línea, las plusvalías pequeñas generadas tributarían como otras fuentes de renta, frente al sistema actual de tributación plana al 15%.

En cuanto a la esperada nueva rebaja de tipos, Solbes no se ha cansado de reiterar que dependerá de que la recaudación tributaria no caiga excesivamente y que las CCAA, que reciben parte de la caja del IRPF, sigan encontrando fuentes de financiación suficientes para soportar costes cada vez más acuciantes, como el del sistema sanitario.

En los meses siguientes a la victoria electoral ha ido ganando fuerza en el mensaje político del Gobierno la idea de revisar la propia filosofía del IRPF establecida por el PP en las dos grandes reformas del impuesto que acometió en sus ocho años de Gobierno, creando un impuesto más justo horizontalmente —de forma que a similar renta se paguen los mismos impuestos— y verticalmente —que los que tienen más paguen proporcionalmente más—, y en el que no haya más "dirigismos" fiscales del poder público hacia la compra de vivienda frente al alquiler o los planes de pensiones frente a otras fuentes de ahorro.

El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero entiende que los españoles tienen que elegir ahora entre dos opciones, tener impuestos altos con una "maraña" de deducciones acoplada, como apuntaba Fernández Ordóñez, o impuestos algo más bajos y con menores desgravaciones, bien en número, bien en intensidad. "Que las reformas afecten a las personas que tienen menos rentas es impensable en un partido socialista, pero hay que estudiarlo y ver qué sucede", decía el secretario de estado el pasado mes de julio.

La deducción por vivienda habitual

El equipo de Solbes, con el vicepresidente a la cabeza, se ha mostrado claramente partidario de esta segunda opción, aunque ello le ha costado más de un dolor de cabeza. Uno de los problemas a los que ya se ha tenido que enfrentar el Gobierno es el de la deducción por inversión en vivienda habitual, que actualmente supone poder desgravarse un 15% de las aportaciones anuales hasta 9.000 euros.

Solbes acaba de anunciar posibles "correcciones" al respecto, sin establecer mayores concreciones, aunque al Ejecutivo ya le habían pasado factura meses atrás las críticas vertidas por el asesor económico de Zapatero, Miguel Sebastián, contra la deducción por vivienda habitual en el Impuesto sobre la Renta que creó el PP y cuya eliminación, según Sebastián, hubiera ahorrado a España "buena parte de la burbuja inmobiliaria".

El propio presidente tuvo que salir al paso de estas declaraciones, como de otras realizadas por Fernández Ordóñez y la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, en el sentido de que no es justo que la desgravación sea la misma, independientemente de cuál sea el valor del inmueble. Zapatero se ha comprometido a que esta deducción en concreto se mantenga, mientras otras se "reordenarán". Existe, incluso, una moción aprobada en el Senado en la que se insta al Gobierno a mantener los incentivos fiscales a la compra de vivienda.

Planes de pensiones

El Ejecutivo asegura que no hará ningún cambio "en contra de la sociedad", incluso aunque la opción de la sociedad no fuera "la más racional", y que cualquier modificación de los incentivos y deducciones actuales respetará los derechos adquiridos previamente, es decir, que, en teoría, no tendrá carácter retroactivo.

Pero en los últimos meses, el de la vivienda no ha sido el único foco de polémica en el ámbito fiscal. El Ministerio de Economía y Hacienda ha advertido, a través de Fernández Ordóñez, de que tendrá que introducir ciertas modificaciones para las rentas altas en las deducciones que se aplican a las aportaciones a planes de pensiones, una idea positiva, según el lugarteniente de Solbes en Hacienda, que "ha prostituido el PP" al beneficiar especialmente a los más ricos.

Lo que, según la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, no fue más que una mera "reflexión" de Fernández Ordóñez, puso en pie de guerra a diversas asociaciones de consumidores, sectores afectados y partidos de la oposición. El PP aseguró que eliminar estas deducciones globalmente —algo no contemplado por el Ejecutivo— elevaría el IRPF en un 3,6%, e iría en contra de lo acordado en el Pacto de Toledo y de la práctica habitual en la Unión Europea.

El vicepresidente Solbes ha dejado caer la posibilidad de que las deducciones por planes de pensiones se vinculen a conceptos como el envejecimiento de la población o la dependencia, sin explicar más. Los planes de pensiones permiten rebajar la base imponible —la cuantía por la que hay que tributar— en un máximo de 8.000 euros al año hasta los 52 años y, además, tienen exento de tributación el 40% de lo percibido cuando llega su vencimiento. Actualmente, estos productos acumulan más de 58.000 millones de euros de patrimonio, lo que supone el 4,46% de los activos financieros de las familias.

Incentivos por maternidad

En un principio, la reforma del IRPF también incluirá una modificación de las deducciones por hijo a cargo. Con el mismo objetivo de dejar de beneficiar a las rentas más altas, el Gobierno se plantea cambiar la deducción en la base del IRPF —el dinero por el que se tributa— por una deducción directamente en la cuota del impuesto, donde ya se recoge un escalonamiento en función de los niveles de renta del contribuyente.

La Federación Española de Familias Numerosas cree que precisamente las familias con más hijos se verían afectadas por el cambio del sistema y apuestan por el concepto del mínimo personal y familiar y por una prestación universal, independientemente del nivel de ingresos. Otra de las medidas a debate es la posible ampliación de la popular paga mensual de 100 euros para madres trabajadoras a las que no tienen empleo pero sí hijos de menos de tres años. El Gobierno ya ha avisado de que esta medida dependerá de la situación presupuestaria general.