De entrada, al PSOE le parecía que la carga tributaria de los asalariados a través del Impuesto sobre la Renta es excesiva, y que la distribución de la renta de los contribuyentes en el IRPF no tiene una adecuada relación con la verdadera distribución de la renta de los españoles. Además, consideraba que el sistema actual beneficia en exceso a las rentas del capital, frente a las rentas procedentes del trabajo, y subrayaba que los efectos beneficiosos de las últimas rebajas fiscales del PP se han visto total o parcialmente absorbidos por el efecto de la inflación.

Para los socialistas, la "maraña" de deducciones existente era un problema añadido, ya que favorece nuevamente a las rentas más altas, donde, además, se concentran las grandes bolsas de fraude, y por tanto, se crea otra fuente más de inequidad. Esto llevaba a la segunda gran crítica del sistema vigente, el de su enorme complejidad, especialmente en el IRPF, que incentiva el fraude y eleva los costes de la gestión recaudatoria. A ello añadía el PSOE la encadenación a lo largo de la anterior legislatura de continuos cambios normativos, a razón de tres modificaciones por día, lo que a su juicio creaba aún mayor inestabilidad.

Finalmente, los socialistas pensaban que todo lo anterior termina derivando en ineficiencia del edificio fiscal español, con demasiadas exenciones, deducciones y bonificaciones, que lo distorsionan, mucho dirigismo fiscal, que resta libertad de elección a los agentes económicos, y, en último término, ineficacia recaudatoria.

Los objetivos del PSOE

Frente a todo lo anterior, los socialistas se han comprometido a promover un sistema más próximo y comprensible al ciudadano, que podrá recibir la información fiscal con mayor transparencia, la misma que se exigirá a la propia gestión de los impuestos. En ese camino hacia la sencillez, el PSOE tenía intención de que el contribuyente pudiera responder a la liquidación de la Agencia Tributaria en un documento de apenas el tamaño de una cuartilla.

Esa propuesta socialista contemplaba la creación de un sistema más eficiente —donde empresas y trabajadores asignarán sus recursos donde les pareciese oportuno, sin que Hacienda, con bonificaciones y exenciones dirigidas, estuviese decidiendo por ellos— y más justo, donde los ciudadanos y también las empresas pudieran tener la certeza de que bajo las mismas circunstancias que otros contribuyentes, estarían pagando impuestos similares. Para el PSOE, al final, el resultado de todo ello también sería una recaudación más eficaz y, por tanto, mayor.