Hacienda va a limitar sus investigaciones sobre la supuesta existencia de un caso de fraude fiscal a los dos últimos ejercicios de cada contribuyente, la mitad de los que comprueba ahora (tras reducirse a cuatro años el plazo de prescripción de las infracciones tributarias), si bien ese margen podrá ser ampliado sí se aprecian indicios de irregularidades. El motivo, según sugirió ayer el presidente de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, es la falta de medios, sobre todo humanos, que limitan el alcance de sus pesquisas.
Pedroche explicó que la medida se establece en el texto definitivo del plan de lucha contra el fraude fiscal, aprobado por el Consejo de Ministros hace casi un mes y que no cuenta con dotación presupuestaria específica. «Con los recursos que tenemos, si queremos investigar a más contribuyentes y hacerlo mejor, es necesario reducir el alcance temporal de nuestras comprobaciones», explicó en un curso organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica.
Delito fiscal
El responsable de la Agencia se mostró partidario de revisar la tipificación actual del delito fiscal (que sólo persigue las infracciones superiores a 120.000 euros), para evitar
el archivo de «muchos» expedientes. Para ello se creará durante el segundo semestre de un
año un observatorio conjunto entre los Ministerios de Economía y Hacienda, y Justicia. De otro lado, se potenciarán los acuerdos de entendimiento con las empresas, en especial con
las de telefonía, informática y procesadores, para que denuncien las infracciones fiscales que puedan cometer otras firmas de su sector.
La elevada litigiosidad que soporta la Agencia Tributaria preocupa mucho a Pedroche, quien señaló que cada año los contribuyentes plantean una media de 150.000 recursos contra resoluciones del fisco, porque la normativa vigente permite varias interpretaciones donde cada parte busca «la más favorable para sus intereses», pero también porque Hacienda «no motiva de forma suficiente» un número considerable de sus decisiones. No obstante, se mostró confiado en que la reciente reforma de la Ley General Tributaria, que contempla una reducción del 25% para las sanciones en caso de conformidad, paliará ese problema.
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