El vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, explicó en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que la bonificación fiscal a las empresas dedicadas al arrendamiento de viviendas afectará tanto a las nuevas como a las ya existentes, y las empresas que se acojan podrán consolidar fiscalmente sus resultados con otras del mismo grupo.

Además, el Gobierno ha decidido suprimir la obligación de que un tercio de las viviendas en alquiler incorporen la opción de compra y se podrá aplicar la bonificación a todas las viviendas de superficie inferior a 135 metros cuadrados. Solbes indicó que también se establecerá un plazo mínimo durante el cual estas viviendas deben estar en alquiler. El vicepresidente explicó que con estas medidas el Ejecutivo pretende promocionar este tipo de sociedades, "que no han tenido mucho éxito hasta ahora" y que existen en numerosos países europeos.

Acceso de las IIC al mercado de la promoción

Como segunda medida para impulsar la oferta profesional de alquiler de vivienda, el Gobierno permitirá que las instituciones de inversión colectiva inmobiliaria puedan realizar promociones de viviendas. Hasta ahora, según indicó Solbes, estas instituciones podían comprar bloques de vivienda para alquilar pero no podían promover viviendas en alquiler . "Esto es muy importante si queremos generar un mercado de alquiler que funciones de forma eficaz", declaró.

El vicepresidente resaltó que el Gobierno ha pretendido analizar los defectos de la legislación actual en materia de vivienda en alquiler para modificarla e impulsar la entrada en el mercado de las instituciones de inversión colectiva inmobiliaria.

Creación de la agencia pública del alquiler

Además, Solbes se comprometió a que antes de marzo se terminará de redactar la norma que creará la agencia pública del alquiler, cuyo objetivo es intermediar en este mercado y dar seguridad jurídica al propietario. Según dijo Solbes el objetivo es "establecer un sistema de garantías para que aquellos que alquilan su vivienda se eviten las preocupaciones del cobro y de la devolución de su bien en buen estado". El Ministerio de Vivienda ya incluye en sus presupuestos de este año una partida de 6 millones de euros para la constitución de esta agencia pública.