Gil Vera explicó que aunque él era el superior de Rodríguez-Ponga no supervisaba los asesoramientos que éste realizaba, porque ambos eran de la misma promoción y por motivos de trabajo no se revisaba lo propuesto por otro asesor del banco. Gil Vera, que sigue asesorando al BBV, negó, no obstante, que la entidad hubiera cometido los delitos fiscales en el Impuesto sobre Sociedades imputados por la Fiscalía Anticorrupción.

El magistrado de la Audiencia Nacional también tomó declaración al ex presidente del BBV, Emilio Ybarra, quien aseguró que no conocía al detalle la operación mediante la que se adquirió Probursa, en un momento complicado por la crisis que se vivió en México entonces, conocida como el "Tequilazo", y a los ex responsables de la entidad bancaria Pedro Luis Uriarte, Luis Javier Bastida y Rodolfo Esteban Molinuevo.

Ybarra, que compareció en la Audiencia Nacional apenas media hora, señaló que en 1995, cuando se realizaron las operaciones de traspaso, estaba inmerso en los problemas generados por la crisis mexicana, de modo que no tuvo constancia de esos "apuntes contables", que considera que eran una cuestión "interna" cuya responsabilidad correspondía a los técnicos del BBV. El ex presidente del banco llegó a reconocer que la entidad que encabezaba se planteó en aquella época retirarse de México.

También declaró ante el juez Garzón el ex consejero del BBV Pedro Luis Uriarte, quien arguyó que su avanzada edad le impide recordar por qué se tomó la decisión de transferir las acciones y que, en momentos de su interrogatorio, según fuentes jurídicas, consideró una nimiedad la operación.

Los informes de la Agencia Tributaria

Ninguno de los imputados supo explicar por qué la operación de venta de acciones de Probursa entre filiales del BBV se realizó a 2,76 pesos cuando su precio en bolsa era sólo de uno. Fuentes consultadas por Europa Press indicaron que todos se ampararon en que no conocían o no recordaban ese detalle de la operación Probursa, consistente en traspasar acciones del grupo mexicano a su filial de Puerto Rico, por la que el juez le imputa a Ybarra y a cinco ex directivos del banco un delito fiscal por valor de 21 millones de euros.

Esos "apuntes contables" a los que se refería Ybarra eran manejados por los técnicos de la entidad financiera de segundo nivel, entre los que tanto el Ministerio Fiscal, como la Abogacía del Estado y el juez Garzón trataron ayer de delimitar responsabilidades. Según fuentes consultadas por Efe, Gil Vera indicó que él se enteró de la operación cuando hubo que trabajar en las exculpaciones del banco por las cuentas secretas que tenía en paraísos fiscales, mientras que el entonces asesor tributario, Estanislao Rodríguez-Ponga, señaló que la operación era neutra fiscalmente, tanto si se ganaba como si se perdía.

Por su parte, fuentes próximas a la defensa de Rodríguez-Ponga recordaron que él abandonó el BBV en febrero de 1997 y que el actual ministro de Hacienda, Pedro Solbes, había resuelto en junio del año pasado, en un recurso de revisión, que el banco no había cometido ninguna irregularidad en el ejercicio fiscal de 1995, por lo que no había que revisar sus cuentas. Según las mismas fuentes, el ex secretario de Estado no tiene responsabilidad en los ejercicios posteriores, incluido el de 1996, porque ya no estaba en el banco, ya que la declaración por ese año se hizo en junio y él se fue en febrero.

Según informaba ayer la Cadena SER, en esa orden realmente lo que se hacía era archivar la investigación abierta por la Agencia Tributaria por falta de información para mantenerla abierta, no porque estuviera claro que no había motivos para ello. De hecho, según explica la SER, pudo existir una "contingencia fiscal" que no habría prescrito, y que "podría haber llegado a conocerse si la Administración Tributaria hubiera desplegado todas sus facultades de comprobación e investigación".

La acusación aprovecha para recordar que esa resolución ministerial se basa en un informe de la Agencia Tributaria del 2 de febrero del año pasado, cuando Rodríguez-Ponga era aún presidente de este órgano, como ocurre con todos los secretarios de Estado de Hacienda. Además, existe un informe de la Agencia Tributaria utilizado por la Fiscalía y fechado el 4 de febrero del 2004, en el que la AEAT habla de "la desproporción entre los valores teóricos y de cotización" del Grupo Financiero Probursa respecto "del precio de transmisión", lo que determinó una disminución en la tributación, "contraria a las normas del Impuesto de Sociedades", informa Efe. Otro informe pericial de la Agencia Tributaria, del 15 de abril del 2004, indicaba que el BBV "trasladó artificialmente pérdidas entre filiales con el resultado de pagar menos impuestos en España y lo hizo vulnerando la ley".

El caso Probursa

La instrucción de posibles irregularidades en el traspaso de acciones de Probursa se remonta al 2002, cuando el juez Garzón abrió una pieza separada dentro del caso de las cuentas secretas del BBVA para investigar si en la adquisición del 22,15% de Probursa en 1995 por BBV International Investment Corporation Puerto Rico (BBVIIC) se produjo un delito fiscal. La Fiscalía considera que la operación de compra de acciones de Probursa "se hizo a un precio exageradamente elevado, con el resultado de minorar las cuotas del Impuesto sobre Sociedades de BBV entre 1995 y 1998", por un montante de 21,02 millones de euros.

Según el fiscal, las alegaciones y la documentación aportada a la causa por el banco tienen por objeto "mantener a toda costa la controversia" sobre las consecuencias de la operación para las obligaciones tributarias de BBV en España. El representante del Ministerio Público entiende que lo importante no es si la operación de compra de Probursa, a través de filiales de BBV situadas en Panamá o Luxemburgo, venía o no obligada por la ley mexicana —principal argumento del BBVA para justificar la operación—, sino que la transmisión de acciones de Probursa entre empresas del grupo BBV se hizo a un precio "exageradamente alto".

El BBVA trata de dejar constancia de que la operación se realizó el 4 de julio de 1995, en vez del 30 de junio, fecha que consta por una comisión rogatoria tramitada a Estados Unidos y por documentación obrante en el Juzgado Central de Instrucción número 5. La importancia de la fecha consiste en que se pagaron 2,76 pesos por acción, cuando el 30 de junio su valor en bolsa era inferior a uno.