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El Consejo de Ministros aprobó ayer, a propuesta de los ministros de Economía y Trabajo, Pedro Solbes y Jesús Caldera, una dotación de 3.500 millones de euros para el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, destinado a garantizar el futuro de las pensiones. Según explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, esta ampliación eleva la cuantía del Fondo a un total de 23.083,77 millones de euros (más de tres billones y medio de pesetas), cantidad que equivale a más de cinco mensualidades de la nómina de las pensiones y al 2,9% del PIB.
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De la Vega destacó que esta aportación es reflejo de la "buena marcha" de la economía española, de su "robustez" y de su "saneamiento". Asimismo, dijo que con esta dotación se demuestra también "el alto grado de acuerdo" que desde hace 10 años, cuando se firmó el Pacto de Toledo, mantienen todas las fuerzas políticas en relación a las pensiones, un consenso
que "se mantiene intacto", precisó.
La vicepresidenta recordó además que son los trabajadores de hoy quienes con su esfuerzo están permitiendo que los mayores disfruten de las garantías del Estado del bienestar. "Hay un firme compromiso del Estado, gobierne quien gobierne, para que ellos también disfruten de estos beneficios. Estamos dando continuidad al futuro de las pensiones", garantizó.
La inyección de estos 3.500 millones de euros al Fondo de Reserva ha sido posible por el superávit presupuestario que alcanzaron en el 2004 las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, cifrado en 6.905,62 millones de euros. Junto con los excedentes producidos desde 1999, el superávit acumulado, a efectos del Fondo de Reserva, se situó en 25.778,91 millones de euros a finales del año pasado.
De la cuantía total que ha alcanzado el Fondo de Reserva con la dotación aprobada ahora, 21.672,92 millones de euros corresponden a las distintas aportaciones presupuestarias realizadas desde el año 2000 hasta la actualidad.
Por su parte, 20,13 millones de euros son producto de los excedentes derivados de la gestión, por parte de las Mutuas de Accidentes, de la prestación por Incapacidad Temporal, mientras que el resto (1.390,72 millones de euros) corresponden a los rendimientos netos obtenidos hasta hoy por la inversión del Fondo en activos financieros públicos.
En la actualidad, la práctica totalidad del Fondo de Reserva (18.241,28 millones de euros) está invertido en activos financieros públicos. La cartera de activos, además de los emitidos por España, incluye por primera vez en el 2004 deuda no española de los países de Alemania, Francia y Países Bajos.
El importe depositado en la cuenta del Fondo de Reserva en el Banco de España, junto con la dotación aprobada y los rendimientos que vaya generando, será invertido próximamente por la Tesorería General de la Seguridad Social en activos financieros públicos, cuya composición, vencimiento y características serán determinadas por el Comité de Gestión del Fondo de Reserva.
Negociaciones con Cataluña
Por otra parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, afirmó que el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, está negociando con el Gobierno catalán para que las ayudas que viene proporcionando a las pensiones contributivas de viudedad "se reconduzcan" hacia lo acordado el pasado miércoles en el Congreso, de forma que los complementos autonómicos a las prestaciones sólo se produzcan en el nivel asistencial o no contributivo.
De la Vega recordó que la proposición de ley aprobada en el Parlamento sólo permite a las comunidades autónomas complementar las pensiones no contributivas mediante ayudas al transporte, o vivienda, entre otras áreas, en tanto que se mantiene la unidad de las pensiones contributivas en todo el Estado. Esto, dijo, es lo que estaba vigente antes de que el Gobierno del PP modificara la ley en la pasada legislatura, y lo que defiende el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia.
Sin embargo, la consejera de Bienestar y Familia de la Generalitat de Cataluña, Anna Simó, defendió ayer el derecho de la Generalitat a ofrecer ayudas "asistenciales" a las pensiones de viudedad porque el Gobierno catalán "tiene competencias exclusivas" en materia de asistencia social. En declaraciones a Europa Press, Simó respondió así a las declaraciones
de la vicepresidenta primera, negando que con la oferta de estas ayudas "estemos vulnerando la legalidad" y afirmando al tiempo que la Generalitat "no invade competencias propias del Gobierno".
Simó aseguró haber hablado ayer mismo con el ministro de Trabajo, quien le habría negado que el Gobierno pretenda recurrir el complemento de pensiones otorgado por la Consejería de Bienestar y Familia. La Generalitat abrió ayer la convocatoria para el nuevo complemento de viudedad que pueden solicitar las personas viudas con pensiones más bajas, con un límite de ingresos de 7.600 euros al año, 200 más que el año pasado. Los beneficiarios de esta prestación, que se prevé que sean 120.000 personas, pasarán a cobrar 432 euros anuales, lo que representa un incremento de 72 euros respecto al 2004. |