El portavoz del Grupo Popular, Francisco Utrera Mora, justificó la presentación de esta proposición no de ley en la necesidad de mantener la deducción por adquisición de vivienda en el IRPF, con más de 20 años de vigencia, ante las "contradicciones ministeriales" del Gobierno y las incertidumbres que provocan.

Desde CiU, Josep Sánchez i Llibre mostró su acuerdo para mantener la deducción aunque expresó el deseo de su grupo de debatir, en otras comparecencias de la comisión, cuáles deberían ser las líneas maestras de la reforma fiscal.

Sin embargo, la portavoz del grupo socialista, Carolina Castillejo, rechazó la proposición porque, más allá del "oportunismo político" -dijo-, no existe ninguna razón "objetiva" para la presentación dÿe esta iniciativa, cuya aprobación incrementaría ese grado de "incertidumbre", que según el PP existe. El grupo socialista apeló al debate "sereno y prudente" para conseguir una reforma fiscal "más próxima y equitativa".

Más operaciones Campamento

Mientras tanto, la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, aseguraba ayer en el Pleno del Senado que el Gobierno lleva a cabo actuaciones similares a la "Operación Campamento" de Madrid en otras comunidades autónomas. Trujillo, interpelada por el senador del Grupo Mixto, Eduardo Cuenca Cañizares, dijo que el Gobierno ha demostrado una "sensibilidad" con los suelos patrimoniales que "no ha existido desde los primeros años de la democracia" y señaló que no hay "ninguna política pública" en esta materia que no se concierte con las comunidades autónomas y las corporaciones locales.

La ministra señaló que el suelo público se ha puesto a disposición de la vivienda protegida en operaciones como el Puerto de La Coruña, donde se ha incrementado del 20 al 25% el monto de viviendas protegidas y el cuartel de San Francisco de Guadalajara, donde se construirán 1004 viviendas públicas, el 100% del suelo disponible. Otras actuaciones puestas en marcha por el Gobierno recordadas por Trujillo fueron las de Valdespartera (Zaragoza), donde el 97% de las viviendas cuentan con protección pública y las actuaciones residenciales en marcha que está llevando a cabo la Entidad Pública Empresarial del Suelo (SEPES) en Guadalajara (unas 2.000 viviendas) y Asturias (700).