El Plan de Control, publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece que las actuaciones de la Agencia Tributaria dejarán de tener como objetivo el importe de la deuda liquidada y, a partir de ahora, los resultados se evaluarán por el número de actuaciones realizadas y por la complejidad de las mismas, así como por la investigación efectuada en detrimento de la comprobación formal.

Entre los objetivos prioritarios para este año, el Plan de Control se centra en el sector inmobiliario mediante una inspección integral por unidades especializadas. Así, se examinarán desarrollos urbanísticos, recalificaciones de terrenos y promociones, investigando la actividad del promotor y las operaciones de venta realizadas. También se promoverá el control de las inversiones realizadas en inmuebles tanto por particulares como por sociedades interpuestas.

El plan prevé intensificar la comprobación de los rendimientos de capital inmobiliario, ganancias de patrimonio y actividades económicas, así como el control de determinadas exenciones y deducciones. En materia de IVA, el plan incide en la vigilancia de las llamadas 'sociedades buzón', que se pueden usar como sociedades interpuestas en las tramas de fraude, y del acceso al Registro de Operadores Intracomunitarios, al tiempo que se van a extremar los controles y se denegará la inscripción de aquellas sociedades cuyos administradores estén implicados en fraudes fiscales.

Igualmente, se impulsarán las investigaciones sobre blanqueo de capitales, especialmente cuando esté ligado a operaciones de narcotráfico, y también se actuará sobre la adquisición intracomunitaria de vehículos de gama alta —para controlar que se declara el valor real del vehículo y se abona el correspondiente Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte—, las importaciones fraudulentas procedentes de Asia, las falsificaciones de marcas y la economía sumergida.

Asegurar el cobro de la deuda

En el ámbito de la recaudación, se incorpora como novedad un área específica de actuaciones denominada de 'lucha contra el fraude', con el fin de intensificar el control y seguimiento del fraude cometido en la fase recaudatoria y para asegurar el cobro efectivo de las deudas, que actualmente sólo llega al 40% del total, según reconoció el propio director de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche durante una comparecencia en el Congreso.

En concreto, se potenciará la exigencia de responsabilidad solidaria en los supuestos de ocultación y transmisión de bienes del obligado al pago, así como los nuevos supuestos establecidos en la Ley General Tributaria para contratistas, subcontratistas y administradores de hecho. Igualmente, se llevarán a cabo acciones civiles y penales de nulidad, de acciones revocatorias, de tercerías de dominio y querellas por alzamiento de bienes, así como actuaciones coordinadas con el departamento de Inspección y mecanismos de obtención de información sobre la situación patrimonial del deudor y el riesgo de impago de la deuda.

Dentro de la integración y coordinación entre áreas, se promoverá la colaboración de unidades de Vigilancia Aduanera en misiones de investigación con los departamentos de Inspección, Recaudación y Gestión, y se iniciarán actuaciones conjuntas entre las unidades inspectoras del área de Inspección Financiera y Tributaria y del área de Aduanas e Impuestos Especiales centradas en el sector de hidrocarburos.