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ECONOMÍA   

5 de Febrero de 2005    


LAS DECISIONES TRIBUTARIAS DEL GOBIERNO

La declaración de la renta se usará para detectar fraudes en alquileres

• El inquilino estará obligado a incluir en el impreso el número de identificación fiscal de su arrendador

• El plan de prevención descarta por el momento reformar el régimen de módulos de los autónomos

ROSA MARÍA SÁNCHEZ / MADRID

El Gobierno ha decidido estrechar el cerco al fraude en el alquiler de viviendas y ya, en la próxima declaración de la renta, se incluirá una casilla en la que el inquilino deberá consignar el número de identificación fiscal (NIF) de su arrendador. Así, se obligará a éste a declarar lo que ingresa por el alquiler. Ésta es una de las medidas que contiene el plan de prevención del fraude fiscal que estudió ayer el Consejo de Ministros y que incluye múltiples cambios operativos y legales para atajar el incumplimiento tributario.

El vicepresidente económico, Pedro Solbes, explicó ayer que el plan "comenzará a aplicarse de manera inmediata". La próxima semana se publicarán las directrices del plan de control tributario para el 2005, con los cambios "operativos". En el segundo semestre se aprobará un proyecto de ley antifraude, que aglutinará todas las medidas que requieren de cambios normativos.

MÓDULOS SIN CAMBIOS

El Gobierno ha descartado --"de momento", según Solbes-- modificaciones en el régimen de módulos del IRPF por el que tributan más de un millón de pequeños empresarios. En el borrador inicial, el plan de lucha contra el fraude aconsejaba expulsar del régimen de módulos a los autónomos que no venden directamente al consumidor, sino que forman parte de la cadena intermedia de producción, como por ejemplo, los pintores subcontratados por constructoras.

El vicepresidente dijo que el régimen de módulos "es injusto por definición", pero, al mismo tiempo, es un sistema muy eficaz de tributación. Según Solbes, se buscará atajar "la utilización abusiva de algunas prácticas". La ley regulará un sistema de retención sobre las facturas emitidas por los autónomos.

El Ministerio de Hacienda también ha decidido aparcar otra de las propuestas incluidas en el borrador inicial, tras analizar las más de 500 sugerencias que los contribuyentes han publicado en la web de la Agencia Tributaria y los 22 informes de organizaciones.

Así, se ha renunciado --también "de momento"-- a que los documentos privados de compraventa de inmuebles se inscriban en el Registro Mercantil. Esta propuestas, una de las más llamativas del borrador inicial, tenía como objetivo perseguir la práctica de escriturar inmuebles por debajo del precio real de compraventa con el objetivo de pagar menos IVA o impuesto de transmisiones patrimoniales. "Se estudiarán alternativas", dijo Solbes.

Tampoco se creará un cuerpo específico de Policía Fiscal, sino que se ampliará la colaboración con la Guardia Civil y la Policía Nacional para perseguir ciertos fraudes.

INMOBILIARIO E IVA

El fraude en el sector inmobiliario y en las tramas de IVA son dos de los objetivos prioritarios del plan del Gobierno.

Solbes explicó que se van a realizar pruebas piloto de seguimiento de promociones urbanísticas y de comprobación conjunta a los promotores y compradores. Se va a proceder a la identificación in situ de viviendas y locales no declarados y a la identificación de sociedades interpuestas de titulares de viviendas. Además se pretende fijar un único valor de referencia para los inmuebles --distinto del catastral, más próximo al de mercado-- que tenga validez para todos los impuestos.

En las tramas de fraude en el IVA se prevé fijar un protocolo de actuación que implique a todas las áreas de la Agencia Tributaria. Se van a llevar controles preventivos frente a las operaciones intracomunitarias y se van a promover "acuerdos de entendimiento" con los sectores empresariales más afectados por la competencia desleal del fraude fiscal.

Además, el Gobierno tiene previsto crear una delegación central de grandes contribuyentes, para establecer una vigilancia especial sobre las empresas que facturan más de 60 millones de euros al año (10.000 millones de euros).



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