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RESULTA lógico que los resultados de la Agencia Tributaria se vayan a basar en el futuro en el número de actuaciones y no en la deuda liquidada. El sistema anterior exigía un moderado esfuerzo de inspección destinado a descubrir a grandes defraudadores: eran operaciones muy rentables por su efecto recaudador pero, fundamentalmente, por la explotación política de la acción. Se demostraba, por una parte el poderío de la organización tributaria ante los blindajes jurídico fiscales de algunas entidades y, por otra, se buscaba un efecto ejemplarizador ante los defraudadores potenciales en pequeña escala. El modelo se ha mostrado inadecuado como lo demuestran las dificultades y demoras que la inspección ha encontrado en casos como los de las primas únicas y las cesiones de crédito. Y no ha evitado la generalización del fraude en los pequeños negocios que han creado un clima de impunidad en materia de facturación sin IVA.
Con la puesta en marcha del Plan de Prevención del Fraude Fiscal, aprobado ayer por el Consejo de Ministros se cambia la orientación de las actuaciones inspectoras hacia la investigación y el descubrimiento de las rentas no declaradas. Dice el Gobierno que la iniciativa responde al convencimiento de que el fraude fiscal perjudica a los ciudadanos porque detrae recursos que podrían dedicarse a la educación, la sanidad o las infraestructuras y también a las empresas, porque supone una competencia desleal. Es lo urgente pero no lo importante. Porque lo sustancial es que vaya aflorando la economía sumergida, cercana al 20 por ciento del PIB, que tiene su origen en las pequeñas industrias y comercios que venden al contado sin factura y sin IVA, y todos sabemos cuáles son. Descubrir el origen de ese dinero negro flotante que es el que hace que el importe de los billetes y monedas de peseta sin canjear a euros alcance todavía los 2.049 millones de euros.
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