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La última reforma realizada a finales del 2002 en el impuesto de actividades económicas (IAE), muy criticada por los ayuntamientos por los problemas financieros que les ha causado, puede «crear incentivos» para la deslocalización empresarial. Así lo creen los técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda, que reconocen que la exención de gran parte de los contribuyentes sujetos a ese tributo equivale a la desaparición, «de facto», de uno de los principales soportes que tenía la estructura hacendística de algunos municipios, en especial entre los pequeños y medianos (de menos de 75.000 habitantes).
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LA
DESLOCALIZACIÓN
Suma y sigue. La dirección de la multinacional holandesa Philips ha comunicado al comité de empresa de la planta barcelonesa de su filial Lámparas Z su intención de cerrar la factoría y trasladar su producción a Polonia. Un total de 415 personas se quedarían sin trabajo.
Multinacionales. El 64% de los trabajadores afectados por ajustes de empleo autorizados durante el primer semestre del año pasado pertenece a la industria.
Según UGT, la salida injustificada de empresas e las zonas industriales para marcharse a paises cuyas condiciones de empleo ,son diferentes, es uno de los principales es retos del Gobierno de Rodríguez Zapatero.
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El IAE nació el 1 de enero de 1992, y apenas sufrió cambios hasta la revisión parcial que entró en vigor al inicio de 2003, dentro de una reforma de mayor calado en el sistema de financiación de las entidades locales. Esos cambios resolvieron algunos problemas (como los impedimentos que existían a la creación de empresas o los desincentivos al empleo), pero mantuvieron otros, e incluso crearon algunos nuevos, como los ya citados antes.
La introducción de una bonificación para las actividades con rendimientos negativos, o inferiores a cierto importe, puede favorecer la deslocalización empresarial. A su vez, eximir del impuesto a todas las personas físicas, pero sólo a las jurídicas cuya cifra de negocio
no supere un determinado umbral no sólo supone --a juicio de los expertos- una discriminación según el tipo de titular, sino también «una distorsión adicional», pues los agentes pueden decidir la forma de organización de su actividad económica en función de esa exención.
Desde Hacienda se concede la razón moral a los ayuntamientos en su queja sobre la merma recaudatoria que les ha supuesto la reforma del IAE, e incluso se admite la existencia de «dificultades importantes» para algunos municipios. No se entra, sin embargo, en el conflicto que mantienen el Ministerio y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre la cuantía de las compensaciones que deben recibir estos últimos, que llevarán el asunto ante los tribunales por una diferencia de 300 millones de euros en su reclamación.
Ambigüedad
Entre los problemas que persisten en el impuesto, según un informe elaborado por el Instituto de Estudios Fiscales (organismo autónomo dependiente de Hacienda), destaca la «ambigüedad interpretativa del hecho imponible». Definir el objeto del IAE como el mejor ejercicio en territorio nacional de actividades económica no podía conducir, según se afirma en el informe, «más que a plantear una auténtica confrontación de interpretaciones» a la hora de determinar su alcance.
También se critica la «escasa actualización del impuesto ante los cambios de las organizaciones económicas, pues «se ha desmarcado de la evolución de actividades vinculadas
a lo que se ha dado en llamar nueva economía, como el teletrabajo». Lo mismo ocurre con aquellas otras que se desarrollan en un «espacio virtual», sin sede física asentada en un territorio.
Se mantienen los problemas de inequidad derivados de la no distinción entre las actividades realizadas a tiempo completo o parcial, de la discriminación positiva de las actividades profesionales y artísticas frente a las empresariales, y de la falta de diferenciación (al aplicar los coeficientes municipales) entre la ubicación de un negocio en el extrarradio o
en una barriada, o respecto a su densidad.
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