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Será a corto plazo, pero no de una vez. El Gobierno tiene previsto presentar a lo largo del primer trimestre del año el plan de medidas económicas comprometido en los Presupuestos del Estado. El sistema no será el mismo que utilizara el Ejecutivo del PP en junio del 2000, cuando lanzó el paquete de medidas liberalizadoras. Según fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda, se formalizarán varios proyectos legislativos, y las normas tendrán diferente rango,
ya que unas se tramitarán como ley y otras como decreto-ley u otro tipo de norma.
El objetivo prinicipal sigue siendo el de incentivar la productividad de la economía española.
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La orientación de la política económica que planea aplicar el Ejecutivo ya quedó plasmada en la presentación de los Presupuestos de este año y, desde entonces, los diferentes departamentos trabajan en la definición de las medidas.
Por su complejidad y necesidad de un amplio debate previo, nada apunta a que puedan entrar
ya en este paquete económico la gran reforma del IRPF, y mucho menos la reforma laboral o la de las pensiones, que quizá ni siquiera estén concretadas a final del ejercicio.
El Ministerio que dirige Pedro Solbes insiste en la apuesta del Gobierno por la transparencia, que le lleva a descartar la elaboración de una sola ley para regular materias diversas, como sucedía los últimos años con la ley de acompañamiento a los Presupuestos, que ha sido suprimida este año.
Reforma energética e hipotecaria
En las cuentas públicas del 2005 el Gobierno incluyó por primera vez un capítulo introductorio dedicado a plasmar en un texto legal de la enjundia de unos Presupuestos la orientación económica a seguir este año. Ahí volvían a aparecer los grandes pilares de la política anunciada por Solbes: apostar por la estabilidad presupuestaria y la transparencia de la acción pública, e incentivar la productividad.
Para avanzar en este último aspecto, el Ejecutivo dejó sentado en los propios Presupuestos
su intención de aplicar diversas reformas en los mercados de bienes, servicios y factores, entre los que se encontraban un cambio del marco regulatorio energético y la búsqueda de un mercado hipotecario más eficiente.
En materia de energía, el Gobierno pretende eliminar distorsiones en la determinación de
los precios y reducir la discrecionalidad de la actuación del sector público en las tarifas reguladas. En el ámbito hipotecario, se plantea adoptar medidas tendentes a una mayor diversificación de los productos y reducir y hacer más transparentes los costes de transacción asociados a las propias transacciones hipotecarias. Además, buscará fórmulas
para mejorar los instrumentos financieros que determinan los fondos que finalmente se
aportan para financiar las hipotecas.
Ley de Defensa de la Competencia
Algunas de las medidas del plan, según Economía, pueden empezar a tramitarse pronto y apuntaron, en concreto, a la reforma de la Ley de Defensa de la Competencia.
Así, el Libro Blanco en el que se basará la reforma, que ha redactado el Servicio de Defensa de la Competencia, se presentará "en breve", después de lo cual se abrirá un periodo de consulta público para recibir las aportaciones de todos los interlocutores interesados.
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