Los nuevos requerimientos afectan a todos los aspectos de la información contable de las entidades y, dentro de los cambios que introduce, destacan los referentes a las provisiones, a la transparencia, a las titulizaciones y al valor razonable de los activos.

Con esta aprobación se cierra el procedimiento reglamentario establecido en la ley española, incluida la consulta a los otros organismos reguladores del sistema financiero, a la Dirección General del Tesoro y a las organizaciones profesionales del sector, a las que se sometió el borrador de circular a finales del mes de octubre, explicó el Banco de España.

A este período de consulta se añadió previamente un primer proceso de información pública, iniciado voluntariamente por el Banco de España en julio, durante el cual todas las partes interesadas pudieron expresar sus comentarios sobre el contenido de la futura circular.

El organismo que dirige Jaime Caruana aseguró en un comunicado que durante todo el procedimiento su objetivo ha sido "reforzar la transparencia y facilitar el proceso de adaptación de las entidades a una regulación de carácter supranacional y de gran trascendencia, ya que modifica los principios contables aplicados en nuestro país y en el conjunto de la Unión Europea".

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Estas nuevas normas internacionales están orientadas a mejorar la información suministrada a los inversores sobre las sociedades que cotizan en los mercados y pretenden favorecer la convergencia en los estándares contables a nivel internacional, recordó el Banco de España.

Estos principios, impulsados por el International Accounting Standard Board (IASB), han dado lugar a un Reglamento comunitario, que entrará en vigor también el 1 de enero de 2005 y que sirve de base a la nueva circular contable del Banco de España.

Con esta circular, el Banco de España extiende el nuevo marco regulatorio tanto a los balances individuales como a los reservados, "evitando así una costosa y compleja coexistencia de dos criterios contables distintos".

Además, al extender su aplicación a todas las entidades de crédito nacionales, y no sólo a las cotizadas, la autoridad monetaria española "ha pretendido evitar cualquier distorsión de la libre competencia entre ellas".

La circular entrará en vigor el próximo 1 de enero, en paralelo con el Reglamento comunitario, pero para los estados financieros individuales, la entrada en vigor será el 30 de junio de 2005.