En los últimos días, este periódico viene publicando diferentes reflexiones sobre la viabilidad y/o la oportunidad de remplazar el actual IRPF con un sistema impositivo inspirado en el modelo tipo único-mínimo exento. El debate había quedado latente hace un par de años y ha vuelto a abrirse gracias a las recientes propuestas de Miguel Sebastián, director de la oficina económica de la Presidencia del Gobierno, sobre este asunto.
Como era de esperar, las opiniones son distintas, contradictorias y muchas veces confusas. Tengo la impresión de que se pone el acento sobre uno u otro aspecto, abogando a favor o en contra de la implantación de un tipo único en función de una decisión previa -a favor o en contra- que poco o nada tiene que ver con los argumentos de naturaleza técnica aportados.
Cuando se discute sobre reformas fiscales -y lo ponía claramente en evidencia Rafael Salas
en su artículo del pasado lunes- hay distintos niveles de análisis. Por un lado está el aspecto técnico financiero, por el otro está la dimensión política de la reforma. Creo que esta última es más importante que la primera ya que la toma de decisiones públicas debe considerar otros factores que van más allá de las cuestiones técnicas. Sin embargo, como economista, me gustaría limitarme a la primera dimensión.
Un tipo único asociado a un mínimo exento puede ser menos, igual o más redistributivo que
un IRPF con varios tramos. Todo depende de cómo se define el tipo único, del nivel del mínimo exento, del número de contribuyentes en cada nivel de renta, etcétera.
La complejidad del análisis y la interacción simultánea de los distintos instrumentos de redistribución que componen el Estado del Bienestar -IRPF, cotizaciones, impuesto sobre el patrimonio, etcétera-, hacen que sea muy difícil, sin una evaluación previa del conjunto de medidas propuestas, determinar si una reforma es más o menos redistributiva, si produce más
o menos problemas de eficiencia o si, desde un punto de vista financiero, es viable o no.
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Con un sistema mucho más simple se reduce no solamente la posibilidad de evasión fiscal, sino también la de elusión tributaria
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La microsimulación es una de las técnicas de evaluación que permite aclarar todas esas dudas. Los modelos de microsimulación reproducen los efectos de una reforma fiscal sobre cada familia española permitiendo saber si, después de la reforma, esta familia tendrá más o menos renta o si trabajará más o menos.
Desde hace varios años empleo las técnicas de simulación para evaluar las reformas fiscales en España. He evaluado los efectos de la implantación de distintos escenarios similares a
los que propone Miguel Sebastián. Uno de los resultados que he encontrado es que, bajo el punto de vista de la justicia social, un mínimo exento de alrededor de 12.000 euros anuales, con un tipo único de un 30% tiene un ligero efecto sobre la reducción de la desigualdad.
Otro resultado claro es que, el impacto de esta reforma sobre la eficiencia del sistema -medida en términos de reducción de la oferta de trabajo de los españoles- es pequeño.
En general, por lo tanto, mi opinión es que se trata de una reforma viable, sea desde el punto de vista de la eficiencia o de la equidad.
Sin embargo, la pregunta que me hago es la siguiente. ¿Es esta reforma la mejor posible? ¿Existen otras alternativas que producen -a paridad de coste recaudatorio y de efectos sobre la eficiencia- una mejora substancial -y no marginal- de la justicia redistributiva?
De las simulaciones de otras alternativas se deduce claramente que, si el objetivo de la autoridad fiscal es reducir la desigualdad, existen otros instrumentos más adecuados para lograrlo. Por ejemplo un tipo único asociado a una renta mínima de ciudadanía produciría un efecto redistributivo mucho más marcado que aquel obtenido con un mínimo exento. La razón es que con el mínimo exento, si una familia no gana nada, no paga impuesto sobre la renta pero, al final de la historia, sigue no teniendo nada para vivir. Por lo contrario, con una renta mínima, esta misma familia recibiría del estado un subsidio que le garantizaría un nivel mínimo de bienestar.
No cabe duda de que con un tipo único se simplifica la gestión por parte de los contribuyentes y por parte de la Agencia Tributaria de todo el proceso recaudatorio. Este aspecto es relevante ya que con un sistema mucho más simple se reduce no solamente la posibilidad de evasión fiscal sino también la de elusión, el arte de explotar todas las excepciones, deducciones, y alternativas varias para pagar menos impuestos sin cometer el delito de fraude.
De todas formas, y para acabar: sea cual sea el sistema discutido o la reforma propuesta, bienvenidas sean las opiniones y las aportaciones de todos -mejor si están fundadas sobre argumentos rigurosos y, cuando sea posible, sobre evidencia empírica-.
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