Durante su comparecencia ante la comisión del Pacto de Toledo en el Congreso, Fernández Ordóñez señaló que, según constata la OCDE, el modelo de incentivos vigente no ha conseguido extender los planes privados de pensiones entre el colectivo que más los necesita, los contribuyentes con rentas más bajas.

Reiteró que el Gobierno no quiere suprimir estos incentivos, sino abrir un debate social sobre su grado de efectividad, y subrayó que cualquier cambio se adoptaría en el marco de la reforma fiscal prevista para el año que viene.

"La pregunta que hay que hacer", reseñó, es si preferimos un sistema tributario con tipos altos y una maraña de deducciones o suprimir éstas para conseguir tipos más bajos.

El secretario de Estado aseguró que el Ejecutivo pretende mantener una posición de "prudencia y sosiego" en esta materia y añadió que todos los cambios tributarios se harán tras un debate social amplio y tras dialogar con las Comunidades Autónomas y los grupos parlamentarios.

Respecto al actual modelo de incentivos a la suscripción de planes de pensiones, Fernández Ordóñez consideró que no han logrado los objetivos que perseguían, ya que, según la OCDE, además de tener un coste notable, no propician el incremento del ahorro, sobre todo entre las rentas más bajas, y distorsionan las decisiones de ahorro en las rentas más altas.

Así, explicó que los contribuyentes con rentas altas, atraídos por la deducción prefieren depositar su ahorro en los productos que más se incentivan fiscalmente, en vez de en los más rentables.

En su opinión, el Gobierno no debería introducir dirigismo allí donde el mercado funciona, sino concentrarse en incentivar los planes complementarios de pensiones en los colectivos que realmente los necesitan, que son los de rentas más bajas y para los que los planes resultan "algo exótico".

En cuanto a la manera de mejorar esta situación, Fernández Ordóñez reiteró que "la única forma de encontrar soluciones es estar de acuerdo en que tenemos un problema sobre el que reflexionar" e insistió en que el Gobierno sólo quiere abrir un debate y opinó que pedirle a la sociedad que se pronuncie sobre el asunto no es lo mismo que alarmar.