En la actualidad existen dos problemas, a juicio del secretario de Estado, que "los contribuyentes que defraudan tienen pocas probabilidades de ser descubiertos y cuando los descubren no pagan". Más de cincuenta de las medidas previstas están destinadas al sector inmobiliario, entre ellas detallar en la escritura el medio de pago, el seguimiento de las promociones y la inclusión de la referencia catastral en todos los contratos.

Para combatir las tramas de fraude en el IVA se plantean más de cuarenta actuaciones, como el establecimiento de la responsabilidad conjunta de distribuidores y compradores implicados en tramas y el control de las matriculaciones de automóviles de gama alta procedentes de operaciones intracomunitarias. Con el fin de evitar la evasión en los paraísos fiscales, el borrador analiza la posibilidad de limitar o impedir los traslados artificiales de gastos e ingresos entre sociedades del mismo grupo.

Fernández Ordóñez señaló que "cuando llegamos al Gobierno nos encontramos con una Agencia que había evolucionado enormemente en los últimos doce años en la asistencia al contribuyente" pero en cambio, "en controlar el fraude ha habido un periodo en el que se le ha dado menos importancia". Según el secretario de Estado, la lucha contra la evasión es muy importante "porque tiene un efecto sobre los que no defraudan, ya que si evitamos el fraude podemos tener impuestos más bajos o hacer que pagando los mismos impuestos tengamos más servicios".

La clave está en que no haya fraude y para ello, según Ordóñez, hay que "ejercer presión en aquellas áreas que están menos sometidas a la idea de ser descubiertas". El borrador ha sido remitido a las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), grupos parlamentarios, CEOE, sindicatos y asociaciones profesionales para que opinen sobre su contenido.

Una vez concluido el plazo para recibir las sugerencias, el Plan comenzará a funcionar el próximo año, aunque el secretario de Estado apuntó que si bien "las medidas operativas se aplicarán inmediatamente, las normativas requerirán un tiempo". En su elaboración han participado durante varios meses más de un centenar de funcionarios de la Agencia Tributaria que han analizado sesenta áreas de actuación.

1.200 millones de euros

El director general de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, que también compareció ante los periodistas, afirmó que "los medios que hay se reforzarán con aspectos tecnológicos, con la inversión en nuevo equipamiento de ordenadores portátiles y en desarrollos informáticos que están incluidos en los presupuestos", que ascienden a 1.200 millones de euros.

En cuanto a la posible creación de una policía fiscal encargada de perseguir este tipo de delitos, Ordóñez cree que "el modelo actual ha funcionado muy bien con la colaboración del Ministerio del Interior en el campo del contrabando y del narcotráfico, y lo que queremos hacer ahora es lo mismo con el resto de impuestos".

El Plan da especial importancia a la colaboración social, ya que se promoverán acuerdos de entendimiento con los sectores más afectados por el fraude para colaborar en su detección.

La Agencia Tributaria ofrecerá sus servicios a los contribuyentes que inicien una actividad económica para asesorarles sobre el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.