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La Agencia Tributaria ha desmantelado una trama organizada de facturas falsas, centralizada en la provincia de Cádiz, poniendo al descubierto un posible fraude fiscal superior a los 35 millones de euros.
La operación Quercus se ha saldado, por el momento, con la detención de siete personas integrantes de una organización presuntamente emisora de facturas falsas, con un total de 30 personas imputadas como receptores de entre las 50 empresas emisoras y receptoras ya implicadas en dicha trama.
En rueda de prensa en Sevilla, la delegada especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla, Pilar Fernández Marín, resaltó que la investigación sigue abierta y que las actuaciones se han ejecutado por funcionarios del área de Inspección y de Aduanas e Impuestos Especiales de Andalucía, quienes realizaron las detenciones bajo la tutela del Juzgado de Instrucción número 2 de Chiclana de la Frontera (Cádiz) y del Ministerio Fiscal.
La operación se inició hacia el pasado mes de abril y ayer mismo se procedió a la detención de siete personas en Benalup de Sidonia, Jerez de la Frontera y Barbate, localidades de la provincia gaditana, donde además se han practicado varios registros en los que se ha intervenido abundante documentación que, según explicó, pone de manifiesto el alcance de un fraude fiscal "muy importante" cometido por esta organización.
Añadió que el fraude cifrado hasta el momento proviene de cuatro empresas emisoras de un total de 22, a las que hay que sumar otras 30 receptoras. Del global, 24 de estas sociedades simulaban gastos para desgravar y reducir así los beneficios a declarar en el Impuesto sobre Sociedades, y otras 11 aproximadamente deducían un IVA no pagado realmente, según se desprende de las primeras investigaciones. Con estas facturas falsas, el ficticio adquirente conseguía justificar contablemente un doble beneficio fiscal.
Apariencia de realidad
Los titulares de las empresas preparadas para defraudar mediante facturas falsas estaban relacionados con el sector inmobiliario y de la construcción y tenían, en muchos casos, relaciones personales y familiares entre ellos. La trama de sociedades, alguna también perteneciente al sector de la hostelería, se dedicaba a aparentar operaciones mercantiles de ventas y prestaciones de servicios, que eran posteriormente facturados a terceras empresas.
Con el fin de conseguir una apariencia de realidad en los negocios facturados, el importe total de la factura se pagaba por la empresa receptora de cada factura a la empresa emisora. A su vez, esta empresa emisora negociaba el documento de pago en una empresa financiera, residenciada en Madrid, para, finalmente, devolver el importe cobrado a la empresa receptora de la factura, una vez descontada la correspondiente comisión.
Fernández Marín, que no se atrevió a cifrar el montante global del fraude que se pueda alcanzar cuando concluya la investigación, apuntó que se trata de empresas de Cádiz, Jerez de la Frontera y Sevilla, en este último caso sólo como receptoras. Señaló que, además de delito fiscal, se podrían haber cometido delitos de alzamiento de bienes y falsedad en documento mercantil.
A los efectos de equilibrar las cuentas de las distintas empresas que emitían facturas, otras sociedades del grupo hacían lo propio entre ellas para compensar su contabilidad, adquiriendo propiedades inmobiliarias para blanquear el dinero de las ganancias que obtenían.
Para ello, contaban con un asesor fiscal que se encargaba de crear y captar empresas para utilizarlas en la emisión y recepción de las facturas falsas y un abogado que ha colaborado en la ocultación a la Hacienda Pública de las propiedades del máximo responsable de la trama y su cónyuge.
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