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Las deslocalizaciones y las malas prácticas empresariales acabarán cuando la comunidad internacional y las confederaciones sindicales internacionales presionen a los países que siguen sin respetar los derechos humanos
y laborales básicos, advierte UGT en un informe sobre negociación colectiva. Por el momento, según el sindicato, esta marcha de empresas a países más competitivos afecta sobre todo a los sectores que precisan mano de obra de baja o media cualificación pero, si no se adoptan las medidas adecuadas, la implantación de este pernicioso modelo también en las industrias que precisan de alta tecnología y cualificaciones "es sólo cuestión de tiempo".
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El trabajo recuerda que en la Conferencia de la Organización Mundial de Comercio (OMC) de Singapur de 1996, todos los países miembros se comprometieron a respetar las normas fundamentales del trabajo de la OIT: Libertad sindical, derecho de sindicación y negociación colectiva, igualdad de remuneración, no discriminación y prohibición del trabajo infantil y del trabajo forzoso.
Sin embargo, con el paso del tiempo, esa declaración no ha ido más allá de un mero acto formal, sin que se hayan dado los pasos necesarios para incorporar estas normas a los mecanismos de control de la OMC, lamenta el sindicato. El ingreso de China en la OMC aumenta el problema "en tanta proporción como enormes son las expectativas de futuro del gigante asiático", ya que esta república aporta, junto a su enorme potencial de mano de obra, "la limitación extrema de derechos laborales y sindicales, lo que incrementará en el futuro la competencia desleal en esta materia".
Según UGT, la Unión Europea debería definir un marco de relaciones laborales y reconocer los derechos sindicales trasnacionales, así como avanzar en el marco jurídico relativo a los comités de empresas europeos, la sociedad anónima europea, o el desplazamiento de trabajadores.
El sindicato cree que la futura Constitución Europea es un gran paso adelante, con el reconocimiento del papel específico de los agentes sociales y la incorporación de la Carta
de Derechos Fundamentales, pero que precisa de posteriores desarrollos legislativos que garanticen una mayor coordinación económica y fiscal, además del pleno empleo y la economía social de mercado.
No obstante, añade UGT, hasta que la comunidad internacional establezca las condiciones necesarias para competir en igualdad, las empresas españolas y especialmente las del sector industrial, deberían acometer cambios, adaptar sus estructuras productivas y mejorar su competitividad a través de la especialización en las actividades de alto contenido tecnológico.
Además, el Gobierno debería, más que penalizar las deslocalizaciones, elaborar políticas que faciliten las condiciones necesarias para que las empresas permanezcan en la zona, así como incrementar y mejorar la formación de los trabajadores. |
