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Estrella Económica - Economía 

20 de octubre de 2004  



El Congreso da luz verde a los organismos autonómicos para agilizar procedimientos de gestión tributaria

Pide al Ejecutivo que adopte medidas contra la morosidad en las transacciones comerciales y avanzar en la descentralización de la Administración Tributaria

Estrella Digital/EP

Madrid

La Comisión de Economía y Hacienda del Congreso aprobó ayer una proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a avanzar en la descentralización de la Administración Tributaria posibilitando mayor implicación de las comunidades autónomas en la resolución de conflictos y que estas se doten de organismos que permitan una mayor agilización de los procedimientos de gestión tributaria.

La proposición no de Ley, suscrita por todos los grupos parlamentarios salvo Izquierda Verde, insta al Ejecutivo a adoptar medidas de lucha contra la morosidad en las transacciones comerciales, así como a profundizar en la descentralización de la Administración Tributaria para que se establezca "mayor y más importante" implicación de las comunidades autónomas en la resolución de conflictos en esta materia.

En virtud de esta iniciativa parlamentaria se favorecerá también las buenas prácticas mercantiles en los pagos entre contratistas y subcontratistas o suministradores, así como se velará para el efectivo cumplimiento de las disposiciones concernientes a los plazos de pago en la ley de Comercio Minorista de enero de 1996.

Esta iniciativa parlamentaria establece, además, la adopción de las medidas necesarias y la asignación de recursos suficientes que permitan la plena y eficaz aplicación de la Ley Concursal aprobada en julio del 2003, y que entró en vigor el pasado mes de septiembre.

En este sentido, la proposición no de Ley establece que la Ley de Presupuestos Generales para el 2005 incluya una dotación presupuestaria para las comunidades autónomas para hacer frente al mayor gasto derivado de la aplicación de dicha Ley.

Igualmente, esta iniciativa insta al Ejecutivo a que el proyecto de Ley de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, actualmente en tramitación parlamentaria en el Congreso, y que viene a trasponer una directiva comunitaria, respete el principio de libertad contractual, y recoja un plazo de pago aplicable en defecto de pago de 30 días para las operaciones comerciales realizadas entre empresas y la fijación de un plazo de 60 días para el cumplimiento de las obligaciones de pago de las Administraciones Públicas.

En la misma línea, la iniciativa apunta que dicho proyecto de Ley sobre morosidad deberá establecer medidas que permitan declarar la nulidad de cláusulas abusivas que no vengan justificadas por razones objetivas.



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