Moraleda, quien mantuvo un tono innecesariamente agrio en sus respuestas a los comensales en la presentación del libro La fiscalidad en el sector agrario, estuvo acompañado por parte de los autores, por el presidente del Instituto de Estudios Económicos, Arturo Gil, y del presidente de Bancaja, patrocinador del acto, y apostó por la identificación de problemas concretos y búsqueda de soluciones.

Los autores del trabajo manifestaron ideas contradictorias sobre la fiscalidad del sector. El profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Javier Martín, consideró necesaria la elaboración de una ley específica que regule la fiscalidad agraria, ya que el trato de favor al sector está recogido por la propia Constitución.

Apuntó la necesidad de simplificar el sistema impositivo para el sector, homogeneizar las bonificaciones recogidas para algunos sectores a todas las actividades productivas agrarias y unificar los impuestos legislados por las Comunidades Autónomas.

En cambio, el catedrático de Hacienda Pública y Derecho Fiscal de la UCM, Ricardo Calle, considera que la sectorialización de la fiscalidad sólo lleva a polémicas innecesarias y resaltó que el problema del sector agrario español no se va a resolver a través de la fiscalidad.

Para él, una ley específica del sector agrario rompería aún más la unidad fiscal y recalcó que algunos problemas que afectan al sector agrario son los mismos que preocupan al resto de actividades, como el hecho de que la venta para reinversión no esté exenta de tributación en el impuesto de sociedades.

En cambio, el catedrático de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, José Antonio Puelles, apostó por un plan de choque inmediato que favorezca al sector agrario.

En opinión de Puelles, este plan debería recoger, entre otros aspectos, la exención de impuestos a las ayudas procedentes de la Política Agrícola Común, la libertad de amortización y la exención o bonificación que deje reducida a testimonial la fiscalidad del impuesto sobre sucesiones o donaciones.

El director general del Instituto de Estudios Económicos, Juan E. Iranzo, indicó que la entidad que preside se muestra completamente en contra del impuesto sobre sucesiones y donaciones, al que consideran "ilegal" porque supone tributar tres veces por el mismo hecho.

La Constitución reconoce la especificidad del campo

En la nota emitida por el IEE se recuerda que la Constitución reconoce las especiales necesidades de fomento que presenta el sector primario y una imposición a los poderes públicos de promover su modernización y desarrollo. Entre los medios empleados por la Administración para fomentar la actividad agraria se encuentra la política tributaria. En este sentido, el tributo puede actuar promocionando e incentivando ciertas actividades a través del establecimiento de beneficios fiscales, siempre y cuando el tributo incorpore un índice de capacidad económica y satisfaga los criterios económicos o sociales amparados por la Constitución, requisitos ambos que pueden concurrir en los beneficios fiscales al sector primario.

Por una parte, el propio artículo 130 de la Constitución reconoce que los niveles de renta que se registran en estas actividades son inferiores a la media, mientras que, por otra, su finalidad última responde a intereses generales, como son el desarrollo de todos los sectores económicos y los intereses generales, como son el desarrollo de todos los sectores económicos y la equiparación de la renta.

Una de las novedades más significativas de la actual regulación del IRPF, en cuanto a la estimación objetiva, es la posibilidad de deducción de las amortizaciones, concretada en una reducción sobre el rendimiento neto previo en función de una tabla de amortización acelerada. No obstante, existe una cierta divergencia entre los coeficientes máximos de amortización aplicables en estimación directa y objetiva. Esta diferencia podría corregirse adecuando los coeficientes de amortización de la estimación directa.

Discriminación del coste en la transmisión patrimonial agraria

Al analizar el régimen aplicado a las ganancias o pérdidas patrimoniales derivadas de los elementos patrimoniales afectos a las mismas se constata el elevado coste fiscal que presenta para el agricultor la transmisión de los terrenos sobre los que desarrolla su actividad. Los únicos beneficios fiscales aplicables a la transmisión de terrenos afectos a explotaciones agrícolas son los previstos en la Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias, que, en cualquier caso, son muy limitados y se encuentran supeditados al cumplimiento de un buen número de requisitos. Por ello, sería conveniente la introducción de la exención de las ganancias derivadas de elementos afectos a la condición de reinversión.

Por lo que respecta a la imposición indirecta, el IVA se encuentra armonizado a través de Directivas comunitarias, por lo que las posibilidades del Estado para introducir beneficios fiscales en este impuesto son muy limitadas. Por ello, en este ámbito, las propuestas se centran en la introducción de mejoras técnicas, permitidas por la normativa comunitaria, en dos aspectos de gran interés para el sector: el tratamiento de las subvenciones a efectos de este tributo y la actual configuración de las compensaciones en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca.

En el primer caso, en el sector agrario es muy frecuente la percepción de subvenciones públicas, como consecuencia de la política agraria común. El problema es determinar si las subvenciones pueden considerarse siempre vinculadas directamente al precio y, por tanto, incluidas en la base imponible, por lo que debe revisarse la doctrina administrativa. En cuanto al importe de la compensación en el régimen, los productos no subvencionados deberían recibir una compensación superior a la que reciben los productos subvencionados.

En relación con los tributos locales, en el IBI las exenciones relacionadas con el sector agrario son escasas, por lo que sería necesaria una mayor amplitud para las exenciones relacionadas con los inmuebles rústicos, que deberían extenderse a todas las explotaciones agrícolas o, al menos, establecerse un sistema de bonificaciones en función de los niveles de productividad de las fincas, que llegase a la exención total para las que alcanzasen niveles óptimos.

Moraleda anuncia que convocará próximamente a las OPAS

El secretario general volvió a anunciar que convocará a las Organizaciones Profesionales Agrarias para tratar de dar soluciones al alza en los precios del gasóleo agrícola de los últimos meses. Moraleda precisó que la reunión con las organizaciones agrarias sólo se convocará cuando el Gobierno tenga algo que proponer, por lo que no concretó el día.

Descartó, por su ineficacia, un encuentro al que habitualmente están acostumbradas las OPAS para sólo "observar" la situación sin tener nada concreto que ofrecer por parte del Ministerio de Agricultura. El secretario general de Agricultura insistió en que aún no se han alcanzado los precios máximos del gasóleo agrícola del año 2000, lo que rebaten las OPAS dado que en el 2000 alcanzó el gasóleo agrícola 83 pesetas, frente a las 88 que ya alcanzó el pasado día 1 de octubre. También rebaten el argumento de Moraleda de que la Unión Europea desde el pasado Ecofín ha recomendado a los estados miembros que no den respuestas nacionales al incremento de los precios del petróleo, pues en la práctica las propuestas que realizan las OPAS ya son aplicadas por muchos países comunitarios.