El titular de Administraciones Públicas hizo estas consideraciones tras la firma del Acuerdo entre la administración y los sindicatos CCOO, UGT y CSI-CSIF sobre el incremento retributivo de los empleados públicos para el 2005.

Sevilla Precisó que la mejora de los servicios públicos significa "funcionarios motivados, empleados públicos cualificados y bien retribuidos", reducción de la temporalidad y mejora de las clasificaciones, con el objetivo de lograr a una Administración Pública "de la que los ciudadanos se sientan orgullosos". Afirmó que los acuerdos sobre diálogo social y salarios "forman parte de una película más larga y ambiciosa" que persigue la mejora de las administraciones.

Explicó que de la subida del 3,5% el 2% corresponde a la previsión del IPC, el 0,7% es para aumentar las pagas extraordinarias del 40 al 60% del sueldo, el 0,5% de la masa salarial es para la dotación del Fondo de pensiones complementario y el 0,3% restante para los que se acojan a medidas que mejoren la productividad de la Administración. Además, recordó que el objetivo es que, a lo largo de la legislatura los funcionarios cobren las pagas extraordinarias completas y no sobre el sueldo base.

La revalorización del 3,5% beneficiará a los 535.000 empleados de la Administración General del Estado, mientras que a los 2.350.000 empleados públicos del resto de administraciones sólo se les aplicará el 2%, más el 0,7% para la mejora de las pagas extras.

El acuerdo establece la puesta en marcha de una "indemnización" para los funcionarios de la Administración General que trabajen en Baleares, así como que los Ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes puedan superar la tasa de reposición de sus efectivos del 100%, medida que tiene como objetivo reducir la temporalidad en las corporaciones locales.

A juicio de Sevilla, incorporar en la negociación salarial de los empleados públicos los criterios de productividad, salario diferido del ahorro y fomento de los fondos de pensiones "son principios que deben de impulsarse desde todas las administraciones".

Tras la intervención del ministro, los portavoces de CCOO, María José Alende, de UGT, Julio Lacuerda, y de CSI-CSIF, José Luis Bauzán, destacaron la importancia de que el acuerdo firmado se enmarque en el avance del diálogo social en la Administración. Alende valoró el acuerdo porque mejora el poder adquisitivo de los empleados públicos, aborda el fenómeno de la temporalidad, y prevé reformas estructurales para modernizar la gestión de recursos humanos en las administraciones públicas. Para Lacuerda el acuerdo supone un "punto de partida esperanzador" que pone de manifiesto la intención del Gobierno de dignificar y profesionalizar a los empleados públicos.