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El Gobierno y los sindicatos pactan una subida salarial de los funcionarios del 3,5% para el 2005
El aumento se divide en un 2% de la previsión oficial de inflación, el 0,5% dedicado al fondo de pensiones y un 1% adicional para las pagas extraordinarias
Estrella Digital/EP
 Madrid
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La Mesa General de la Función Pública, integrada por el Gobierno y los sindicatos presentes en la Administración pública, alcanzó ayer un principio de acuerdo sobre la subida salarial de los empleados públicos, que prevé un incremento del 3,5% para el 2005, según anunció el secretario confederal de acción sindical de UGT, Toni Ferrer.
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En una rueda de prensa previa a la reunión del Consejo Confederal del sindicato, Ferrer explicó que el acuerdo alcanzado el lunes afecta a más de 2,2 millones de trabajadores de las administraciones públicas, a los que permite recuperar poder adquisitivo.
Además, Ferrer destacó que el acuerdo de la Mesa de la Función Pública garantiza la estabilidad en el empleo de los trabajadores públicos, dado que recoge entre sus objetivos la reducción de la precariedad y la "altísima" tasa de temporalidad que existe en el empleo de las administraciones públicas.
El responsable de acción sindical de UGT indicó que la subida del 3,5%, que supera en tres décimas a la propuesta inicial del Gobierno, se desglosa en un 2% de la previsión oficial de inflación, el 0,5% de la masa salarial bruta de los empleados públicos para la dotación del fondo de pensiones, y un 1% adicional como subida de las pagas extraordinarias.
Diálogo social
El acuerdo sobre la subida salarial complementa el compromiso suscrito la semana pasada por Gobierno y sindicatos, que prevé la apertura de un diálogo social sobre tres temas: reforzar los derechos de participación y negociación colectiva de las Administraciones Públicas, profesionalizar la figura del empleado público y fomentar la estabilidad laboral en el sector público.
Todo ello redundará, según el Ejecutivo, en la mejora de la calidad de los servicios públicos, el incremento de la productividad mejorando las condiciones de trabajo y la optimización del funcionamiento de las Administraciones Públicas.
Entre otros puntos, Gobierno y sindicatos acordaron la necesidad de poner en marcha un compromiso sobre estabilidad en el conjunto del empleo público, estableciendo los procedimientos necesarias para fijar un objetivo máximo de temporalidad, que se determinará globalmente.
Asimismo, se abre un proceso negociador destinado a elaborar una serie de reformas normativas, necesarias para mejorar las condiciones de trabajo de los empleados públicos, entre las que destacan la elaboración del Estatuto Básico de los Empleados Públicos, el desarrollo del Estatuto de la Función Pública de la Administración General del Estado y la aplicación al conjunto de los funcionarios de la jubilación flexible y anticipada general.
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