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Estrella Económica - Economía 

22 de septiembre de 2004  



Gobierno y sindicatos firman el primer acuerdo social en la Administración Pública

Sevilla asegura que el Gobierno mantiene la propuesta de subir un 3,2% a los empleados públicos en el 2005, y espera el apoyo sindical

Estrella Digital/EP

Madrid

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y representantes de CCOO, UGT y CSI-CSIF, firmaron ayer el primer acuerdo social en el ámbito de la Administración Pública, enmarcado dentro del diálogo social abierto por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con los máximos responsables sindicales.

Sevilla destacó en rueda de prensa que este acuerdo, que consideró el más amplio en cuanto a contenidos y alcance en el tiempo de cuantos se han firmado en el ámbito de la Función Pública, se centrará en reforzar los derechos de participación y negociación colectiva de las Administraciones Públicas, profesionalizar la figura del empleado público y fomentar la estabilidad laboral en el sector público.

Todo ello redundará, según el ministro, en la mejora de la calidad de los servicios públicos, incrementar la productividad mejorando las condiciones de trabajo y optimizar el funcionamiento de las Administraciones Públicas. Entre otros puntos, Gobierno y sindicatos acordaron la necesidad de poner en marcha un compromiso sobre estabilidad en el conjunto del empleo público, estableciendo los procedimientos necesarios para fijar un objetivo máximo de temporalidad, que se determinará globalmente.

Asimismo, se abre un proceso negociador destinado a elaborar una serie de reformas normativas, necesarias para mejorar las condiciones de trabajo de los empleados públicos, entre las que destacan la elaboración del Estatuto Básico de los Empleados Públicos, el desarrollo del Estatuto de la Función Pública de la Administración General del Estado y la aplicación al conjunto de los funcionarios de la jubilación flexible y anticipada parcial.

Para lograr una mayor profesionalización y mejorar las condiciones de trabajo, se estudiará la posible equiparación gradual y progresiva de las pagas extras al salario real mensual, así como la flexibilidad de horarios y la reducción de jornada, con el objetivo final de alcanzar las 35 horas semanales. "Con este acuerdo empezamos el camino del diálogo y la negociación en la Función Pública. Queremos una reforma profunda con los empleados públicos, y no contra los empleados públicos", explicó Sevilla.

Por su parte, el secretario general de FSP-UGT, Julio Lacuerda, la portavoz del Area Pública de CCOO, María José Alende, y el presidente de CSI-CSIF, Domingo Fernández, mostraron su satisfacción por la firma del acuerdo y por la amplia coincidencia en las materias a abordar. El dirigente ugetista calificó la iniciativa como "histórica", mientras que su compañera de CC.OO. se alegró de que "por fin se reconoce avanzar en la negociación colectiva en la Administración Pública", y el presidente de CSI-CSIF hizo hincapié en que "el diálogo social llega en toda su plenitud a los trabajadores de las Administraciones Públicas".

La oferta salarial no cambia

Preguntado sobre la subida salarial del próximo año para los empleados públicos, incluida en el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2005 que será aprobado por el Consejo de Ministros el próximo viernes, Jordi Sevilla aseguró que el Gobierno mantiene la propuesta que realizó el pasado mes de julio y que espera sea apoyada por los sindicatos, y subrayó que la subida salarial prevista no significa pérdida de poder adquisitivo.

En este sentido, aunque el Ministerio no convocará la reunión de la Mesa General de la Función Pública hasta la próxima semana, Sevilla explicó que siempre puede haber modificaciones en la tramitación parlamentaria de la Ley de Presupuestos, a través de enmiendas.

La propuesta presentada por el Gobierno a sindicatos y comunidades autónomas contempla una subida salarial para los empleados públicos del 3,2% para el 2005, en función de la previsión oficial de inflación (2%), más el 0,5% de la masa salarial bruta de los empleados públicos para la dotación del fondo de pensiones, y un 0,7% adicional como subida de las pagas extraordinarias.

La mayoría de organizaciones sindicales de la Función Pública criticaron el pasado mes de julio la propuesta del Gobierno, y expresaron su confianza en que la modificara antes de su aprobación.



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