Solbes adelanto hoy el déficit del Estado ante la Comisión de Economía y Hacienda de Congreso de los Diputados donde compareció a petición propia para presentar el informe de transparencia de las cuentas públicas elaborado por su Departamento. Esta cifra, que podría variar según la evolución de los ingresos y del grado de ejecución presupuestaria, fue anunciada hoy por el titular de Economía ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados, donde compareció a petición propia para presentar el informe de transparencia de las cuentas públicas elaborado por su Departamento.

Precisó que más de la mitad del 1,81% de déficit es consecuencia de deudas generadas por operaciones realizadas por el Gobierno del PP y no incluidas en los presupuestos, pero indicó que éstas no comportarán déficit en ejercicios posteriores y que "el próximo año apostaremos por el superávit presupuestario". Para afrontar el aumento del déficit se está estudiando solicitar un crédito extraordinario al Parlamento, "aunque la forma jurídica todavía no está clara", que permita liquidar todas o parte de las deudas generadas por Andalucía, el crédito a Argentina, Renfe y el Prestige, indicó. No obstante, descartó la posibilidad de incluir en el crédito el déficit sanitario de las comunidades autónomas tal y como solicitaban algunos grupos parlamentarios.

El aumento del déficit hasta el 1,81% resulta de incluir partidas como los ajustes necesarios para presentar las cuentas públicas en términos de Contabilidad Nacional, como exige Eurostat, y que supone elevar el déficit en 2.757 millones de euros, el 0,35% del PIB. También se computa el déficit de RTVE (632 millones, el 0,08% del PIB), así como el aval concedido por el Estado al crédito del ICO a Argentina, del que este año vencen 279 millones de euros con un impacto sobre el déficit público del 0,03% del PIB.

Así mismo, se incluyen deudas heredadas del Ejecutivo anterior por valor de 8.000 millones de euros (5.459 de la deuda de Renfe y 2.500 del pago de la deuda de Andalucía por la liquidación del sistema de financiación del periodo 1997-2001. Solbes también se refirió a otras actuaciones que, aunque no afectarán a las cuentas del 2004, suponen un riesgo de endeudamiento y déficit futuro como las aportaciones del Estado al GIF o a las Sociedades de Aguas.

Transparencia presupuestaria

El informe de transparencia incluye otro grupo de operaciones que entrañan riesgo de déficit como las empresas públicas con pérdidas estructurales, las indemnizaciones por la catástrofe del Prestige y las inversiones llevadas a cabo por sociedades creadas por las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, agradecieron la comparecencia de Solbes y mostraron su apoyo a las medidas que el Ejecutivo adopte para incrementar la transparencia presupuestaria al considerar que ésta aumentará la eficiencia económica.

El portavoz del PP, Miguel Arias Cañete, dijo que la comparecencia se enmarca en la estrategia de Solbes de "descalificar la gestión económica del PP, imputarle déficit ocultos y acusarle de falta de transparencia", extremos que negó de forma tajante ya que, dijo, la gestión económica del PP contó con el respaldo de Eurostat y con el reconocimiento internacional . Elogió la "habilidad" del ministro de Economía para imputar la deuda de Renfe o de Andalucía a las cuentas de 2004, en lugar de distribuirla en varios ejercicios, para imputarle al PP el aumento del déficit, y exigió "rigor" al Gobierno.

Los portavoces de CiU, Josep Sánchez i Llibre; ERC, Joan Puigcercós; y BNG, María Olaia Fernández, solicitaron a Solbes que el crédito extraordinario que posiblemente se solicite para hacer frente al aumento del déficit incluya el pago de la deuda sanitaria de algunas comunidades. En respuesta a esta petición, Solbes indicó que la financiación de la sanidad se enmarca en el sistema de financiación autonómica y que "cualquier decisión fuera de ese modelo sería una innovación no negociada".

Rechazó la posibilidad de que el Estado asuma la deuda sanitaria o que ésta forme parte del debate presupuestario y consideró que el problema de la sanidad requiere un pacto de estado que de lugar a una solución definitiva. El vicepresidente segundo anunció la puesta en marcha de una Agencia de Evaluación que realice un control jurídico del gasto y analice el resultado de las políticas económicas.

Francisco Fernández Marugán, por parte del PSOE, se congratuló de que los Presupuestos Generales de Estado "hayan dejado de ser un diálogo del Gobierno consigo mismo".

No subirán los impuestos

Blanco no quiso dar pistas sobre cómo se podrá comprensar el aumento del gasto presupuestario previsto para cumplir con el programa con el que el PSOE ganó los comicios del 14 de marzo, sin subir los impuestos. El secretario de Organización socialistas se remitió a las explicaciones que pueda dar el propio Solbes cuando el próximo viernes presente el borrador de los Presupuestos Generales del Estado para el 2005, tras su aprobación en consejo de ministros.

El vicepresidente económico presentaba ayer a la Ejecutiva socialista las líneas generales de los PGE que, según recordó Blanco, se centrarán en garantizar un crecimiento económico "sólido y sostenible", habilitar la puesta en marcha de políticas sociales que permitan reducir desigualdades y buscarán una modernización de la economía para que sea más productiva y competitiva.

Todo ello, subrayó el responsable socialista, con unos Presupuestos "transparentes", que ofrecerán una información "completa" del estado de las cuentas públicas y donde desaparece la Ley de Acompañamiento "que el PP había convertido en fraudulenta".

Cómo financiar promesas electorales

El secretario de Organización aseguró que la cúpula socialista ha salido de la reunión con la convicción de que los PGE del 2005 permiten cumplir sus compromisos electorales. Blanco apuntó las mejoras de partidas concretas, ya avanzadas la semana pasada por el presidente Rodríguez Zapatero, como un aumento del 7,3% en el gasto educativo, un 33% en vivienda, un 25% en I+D+I, un 8,5% en infraestructuras o entre un 5 y un 6,5% en pensiones mínimas.

Con estas cifras se aumentarán en 25.000 las becas para enseñanzas medias y universitarias, medio millón de personas se podrán beneficiar de ayudas públicas para acceder a la vivienda y se podrán crear 7.700 nuevos puestos de Policía y Guardia Civil, 150 para jueces y 100 para fiscales.

Blanco insistió en que al Gobierno no se le olvidará el compromiso de Zapatero de mantener el equilibrio presupuestario, aunque evitó explicar cómo hará el vicepresidente económico para hacer que las cuentas sigan cradrando, qué partidas presupuestarias tendrán que bajar o cuáles serán las fórmulas elegidas para financiar estos mayores desembolsos. Según el secretario de Organización, Solbes no entró en eso durante la reunión, pero tampoco habló de subir ningún impuesto, ni directos ni indirectos.

La Ejecutiva socialista no trató, según Blanco, aspectos técnicos de los Presupuestos, ni asuntos espinosos como el copago sanitario que reclaman algunas comunidades autónomas para resolver su deuda en materia de Sanidad. En todo caso, Blanco aprovechó para criticar que las CCAA del PP reclamen una solución para su deuda sanitaria y no quieran revisar la financiación autonómica, el marco idóneo, subrayó, bajo el que debe discutirse el problema de la deuda sanitaria.

Apoyos a los Presupuestos

Consciente de que necesita recabar apoyos entre las fuerzas de la oposición para sacar adelante los Presupuestos, el PSOE buscará un amplio consenso que garantice su aprobación en el Parlamento. Blanco aseguró que los socialistas son optimistas, dada la "buena predisposición" que observan en los grupos, más allá del esperado rechazo del PP. Solbes encabezará esta misma semana la próxima ronda de contactos del Ejecutivo y el Grupo Socialista con los portavoces de la oposición, salvo con el PP, que ya ha confirmado que presentará enmienda a la totalidad contra el proyecto del Gobierno.

A partir de mañana ya tienen cita con el vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda, entre otros, los representantes de ERC, Coalición Canaria y de Izquierda Verde (IU-ICV), principales apoyos parlamentarios del Ejecutivo. Tras esta ronda de conversaciones, Solbes elevará el proyecto al consejo de ministros para su aprobación de este mismo viernes, y lo remitirá al Congreso previsiblemente el martes de la próxima semana.