El Gobierno mantiene las previsiones económicas para 2004 y 2005, que prevén un crecimiento del 2,8% y 3%, respectivamente, pese a la fuerte subida del petróleo en los últimos días, y confía en que se produzca una caída a partir de septiembre para estabilizarse en unos "precios más razonables", en torno a los 30-33 dólares el barril.
En el mercado del petróleo la jornada de ayer estuvo dominada por una gran volatilidad. Durante el día, hubo momentos en que el barril retomó la senda bajista, pero al final del
día fueron más fuertes los temores al impacto económico de nuevos sabotajes en pozos petroleros, que el fin de la crisis de Nayaf. El resultado de esta mezcla de noticias fue
que el Brent, la referencia de precios para Europa, terminó subiendo más del 1%, hasta los 40,75 dólares, mientras en Nueva York el crudo avanzaba un 0,3% a la hora de cierre de Londres, hasta 43,23 dólares.
El vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, detalló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que, no obstante, un incremento del precio del barril de 3 dólares por encima de los 30-33 dólares del precio medio estimado por Economía restaría 0,2 puntos porcentuales al crecimiento en 2005 y elevaría la inflación 0,1 puntos porcentuales. Este impacto, añadió el ministro, podría ser el doble —restaría cuatro décimas al PIB y supondría dos décimas adicionales para el IPC— si el petróleo se sitúa en
el 2005 en torno a los 40 dólares de media, impacto que, en cualquier caso, estimó que sería "moderado".
De cualquier forma, aseguró que "a partir de septiembre esperamos una cierta producción adicional desde los países productores y, por eso, pensamos que las cifras de crecimiento previsto para el 2004 siguen siendo totalmente correctas y válidas y, para el 2005, si hay alguna incidencia, será muy moderada y el crecimiento no debería desviarse mucho del 3% inicial", subrayó Solbes, que insistió en la necesidad de rebajar el riesgo de los planteamientos "excesivamente negativos" que se están realizando sobre el impacto del precio del crudo.
Mensaje de calma
En este sentido, recordó que, según las estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía, el precio máximo del petróleo registrado durante el mes de agosto (43 dólares) incluye una prima de riesgo de alrededor de 15 dólares, que se explica tanto por factores estructurales como coyunturales. Entre estos últimos, destacó la retirada de la producción
de la empresa Yukos, el temor a una paralización de la producción petrolífera en Venezuela, los sabotajes a los oleoductos iraquíes y la subestimación del incremento de la demanda de crudo por parte de China y Estados Unidos.
Todos estos factores suponen, según la AIE, un aumento del precio entorno a los 11 dólares, que podría desaparecer en los próximos meses, explicó Solbes. Además de estos elementos de carácter coyuntural, el titular de Economía indicó que, en este momento, las crisis energéticas no tienen nada que ver con las que se produjeron en la década de los 70, ya que, por un lado, la revalorización del euro frente al dólar resta gravedad a la escalada de precios, por lo que, el impacto sobre el PIB no es tan alto. De hecho, dijo que, en términos reales, el precio actual es inferior a la mitad del precio promedio de 1980.
Impacto en el crecimiento y ayudas fiscales
Por ello, y pese a que la economía española ha seguido aumentando su dependencia energética en los últimos años —ha crecido un 40% desde 1980—, el ministro confió en que España crecerá este año un 2,8%, aunque señaló que Economía espera que el crecimiento del segundo trimestre del año sea "algo inferior" al registrado en los tres primeros meses del año, cuando se
situó en el 2,8%. En cuanto a la inflación, afirmó que en los últimos meses ha mejorado ligeramente, y se mostró confiado en que siga reduciéndose en los próximos meses para acercarse a tasas más próximas al 3% a finales de año.
Solbes se refirió también a la posibilidad de articular medidas fiscales y ayudas públicas para paliar el impacto del aumento del petróleo en los sectores más afectados, y descartó la idea de rebajar los impuestos que gravan el consumo de gasolina, ya que se trataría, en su opinión, de una transferencia de renta hacia los países productores. Igualmente, precisó que el IVA está armonizado en la UE y no se puede modificar de forma unilateral por los países miembros, y recordó que en los impuestos especiales Bruselas fijó unas tasas mínimas a las que España no llega, por lo que tiene que ir aumentando de forma progresiva dichos impuestos hasta alcanzar en 2007 el mínimo establecido.
Dicho esto, el ministro añadió que, además de la dificultad para rebajar estos impuestos, durante la crisis energética del 2000, el Gobierno del PP aprobó rebajas fiscales para los sectores afectados, como la reducción de la tributación por módulos, que no se corrigieron una vez finalizada la crisis y de las que se han seguido beneficiando dichos sectores. En cualquier caso, aseguró estar abierto a estudiar y analizar las dificultades de ciertos sectores afectados.
Apoyos para los PGE del 2005
Solbes comparecía ayer tras el Consejo de Ministros para dar cuenta del antreproyecto de
ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2005 que el Departamento que dirige Pedro Solbes está ultimando. Con ese escenario mantenido y "consistente", según Solbes, de crecimiento económico, y con unas perspectivas de cierre de las cuentas públicas para este año que incluyen una estimación del déficit público "claramente por debajo del 1% del PIB", mientras que el déficit del Estado se situará por encima de este límite, el Gobierno comenzará a negociar los PGE con los grupos parlamentarios a partir de la próxima semana.
El Ejecutivo no cuenta con los apoyos necesarios en el Parlamento para sacar adelante en solitario las primeras cuentas públicas de la etapa Zapatero. En este sentido, Solbes afirmó que el Gobierno está dispuesto a negociar con todos los grupos parlamentarios, sin excluir a ninguno de ellos, y aseguró que se hará el "máximo esfuerzo" para recabar el apoyo de todos, teniendo en cuenta en todo momento el límite de gasto presupuestario, fijado previamente por el Parlamento.
Estos presupuestos, según apuntó la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de
la Vega, tendrán por objetivo primordial "atender necesidades sociales y mantener la productividad y el crecimiento", además de impulsar leyes para extender derechos de los ciudadanos y la Constitución Europea. |