Las comunidades autónomas exigirán al vicepresidente económico, Pedro Solbes, una revisión del criterio de población para mejorar las aportaciones que reciben del actual sistema de financiación autonómica.
La liquidación del primer ejercicio (año 2002) del nuevo sistema de financiación autonómica, que acaba de elaborar el Ministerio de Economía supone unos recursos globales en ese primer año de 71.317 millones de euros para todas las comunidades, de los que 57.116 se han obtenido, básicamente, de tributos cedidos parcialmente por el Estado y de un fondo de suficiencia que redistribuye ayudas para las comunidades que no puedan hacer frente a sus necesidades. La valoración inicial de esta liquidación es positiva por los Gobiernos regionales, pero, a la vez, advierten que la población con la que se hicieron los cálculos (era la del año 1999) dista mucho de la actual.
Concretamente, en 1999 había en España 40,20 millones de habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). En 2003, esta población ha crecido hasta 42,71 millones. Es decir, hay una diferencia de más de 2,5 millones de nuevos residentes (la mayor parte inmigrantes) que han cambiado sobremanera las necesidades de financiación de cada comunidad. Con el censo en la mano, Cataluña, Valencia y Madrid son las áreas en donde más ha crecido la población respecto a 1999. En términos relativos, se suman otras. Es el caso de Murcia, Baleares y Canarias. 'Desde 1999, nuestra población ha crecido el 12%, frente al 6% de media nacional, lo que se traduce en 140.000 personas a la que se presta un servicio que no dispone de financiación adicional', apuntan a Cinco Días desde la Consejería de Hacienda de Murcia. 'Es imprescindible que el Gobierno central cumpla con el compromiso de iniciar la actividad del grupo de trabajo encargado del estudio para la actualización poblacional', añaden.
En la misma línea se expresan otros Ejecutivos autonómicos como Canarias y Valencia. 'El sistema no está recogiendo el crecimiento de la población, lo que supone que la financiación per cápita está disminuyendo. El modelo tiene previsto el ajuste poblacional de manera limitada, estableciendo unos topes de crecimiento muy rígidos. Por tanto, es necesario una revisión que incluya mecanismos correctores inmediatos', avisa a este diario el viceconsejero canario de Hacienda y Planificación, Cosme García.
'Es evidente que debemos poner al día este parámetro; no se trata de modificar el sistema, sino de aplicarlo en su integridad', reclama el secretario autonómico valenciano de Economía y Presupuestos, José Manuel Vela, informa Ximo Clemente. La revisión del criterio de población está siendo exigida, precisamente por las comunidades que más inmigración están recibiendo. Por contra, aquellas con movimientos poblacionales escasos como Castilla y León o Asturias, apuntan más hacia retoques en la sanidad, que será el otro gran caballo de batalla de la nueva financiación autonómica. Cataluña, con un agujero sanitario creciente, es una de las más interesadas, aunque Solbes, ya ha indicado que no hay mucho margen de maniobra para que el Estado aporte más recursos.
Andalucía
El Gobierno andaluz está satisfecho por la liquidación de 2002. No obstante, el ejecutivo autónomo 'discrepa de la filosofía' del sistema, que pretende tener carácter indefinido, según el consejero de Economía, José Antonio Griñán, informa Carlos Pizá.
Asturias da prioridad al gasto sanitario
'La liquidación de 2002 confirma que el sistema tiene problemas para garantizar la suficiencia financiera, y con la transferencia de la sanidad este problema se agrava', comenta el consejero de Economía Jaime Rabanal, mano derecha del presidente Vicente Álvarez Areces (foto). 'El fondo de suficiencia, que debería usarse en situaciones excepcionales, lo han tenido que utilizar casi todas las autonomías. El gasto sanitario es muy preocupante porque está evolucionando por encima del PIB, lo que obliga a su revisión. Esta revisión debe realizarse renovando el criterio de solidaridad interterritorial', añade. Para Rabanal, el criterio de población es secundario. Asturias es una de las dos regiones que pierde población.
Extremadura reclama 'lealtad institucional'
Para Extremadura es prematuro efectuar una valoración del sistema, 'máxime si se tiene en cuenta la multiplicidad de variables que intervienen'. Aun así, desde la consejería de Hacienda, se crítica la no aplicación del principio de lealtad institucional incorporado en su día en la Lofca. Este mecanismo está destinado a compensar a las regiones por los desembolsos derivados de aplicar en sus territorios normas de ámbito estatal, como por ejemplo, la ley penal del menor o la ley de calidad de la enseñanza. De hecho, se creó un grupo de trabajo que 'no ha tenido consecuencias prácticas para establecer esas compensaciones en términos reales', según avisa la Junta de Extremadura. Ello debe corregirse.
Baleares rechaza la liquidación de Hacienda
Baleares es una de las pocas comunidades insatisfechas con la liquidación que ha hecho el Ministerio de Hacienda de 2002. El consejero de Economía, Lluis Ramis de Ayreflor, cree que es injusto que a Baleares sólo se le asigne 42,5 millones de euros en concepto de la liquidación (restadas las aportaciones a cuenta recibidas) del sistema de financiación correspondiente a 2002. Para Ayreflor 'no es admisible' que el fondo de suficiencia (redistributivo) salga negativo (a pagar) para Baleares, donde existe un importante déficit de infraestructuras. La comunidad que gobierna Jaume Matas(en la foto) es, junto, con Madrid, la única que tiene recursos suficientes para financiarse con tributos.
Madrid pone el énfasis sobre los 'desplazados'
El Gobierno regional que preside Esperanza Aguirre (foto) está satisfecho con la evolución del modelo, toda vez que el crecimiento económico de Madrid es suficiente para hacer frente a los crecientes gastos. No obstante, también hay peros. Aguirre ya ha pedido a Solbes más de 800 millones de euros, derivados de los mayores gastos sanitarios y farmacéuticos acumulados en los últimos tres años para atender a la población desplazada de otras comunidades. 'El primer año del nuevo modelo de financiación (2002) ha sido positivo, ya que se ha creado riqueza. Pero se debe revisar el criterio de población', comenta a Cinco Días, Enrique Osorio, viceconsejero de Hacienda de la comunidad.
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