En un comunicado, la UPIH critica que la Agencia Tributaria se acomoda "indebidamente" a los intereses de quienes
tienen poder de influencia.
Así, indica que prácticamente la totalidad de la cuota descubierta que no fue ingresada por los contribuyentes
con ingresos inferiores a los 30.000 euros es sancionada, mientras que cuando los contribuyentes tienen
"importantes riesgos" y superan los 30 millones de euros, los incumplimientos son considerados por la AEAT
"comprensibles" y responden a "dudas interpretativas".
Para evitar este tipo de actuaciones, los inspectores de Hacienda proponen desligar la competencia liquidadora y
las jefaturas de dependencia y aprovechar para ello la nueva Ley General Tributaria, atribuyendo la competencia
liquidadora a las actuaciones inspectoras.
Además, la UPIH pide una mejora de la retribución de los inspectores, que considera una necesidad, ya que, a su
juicio, un salario insuficiente hace de la inspección un sistema "vulnerable".
Las Comunidades refuerzan su presencia en AEAT
Por otra parte, el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, explicaba a
los responsables tributarios autonómicos que es una prioridad de su departamento reforzar los instrumentos de
participación, colaboración y coordinación en la gestión tributaria entre la Administración Central del Estado y
las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía.
Durante la reunión de la Comisión Mixta de Coordinación de la Gestión Tributaria, de la que forman parte
representantes de cada comunidad y de las ciudades con Estatuto de Autonomía, de la Agencia Tributaria y de la
Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, Fernández Ordóñez anunció que las comunidades autónomas fortalecerán
su participación en los órganos de dirección de la Agencia Tributaria.
Tanto el secretario de Estado como el director general de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, insistieron en que el
objetivo es lograr un marco de relaciones equilibrado, basado en la transparencia y la confianza recíproca, en el que
se considere a todas las administraciones tributarias integrantes y corresponsables de la gestión y control del
sistema tributario. |