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Agentes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Unidad
de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría General de Policía Judicial han desarticulado una organización internacional dedicada al fraude a gran escala del Impuesto de Valor Añadido (IVA) a la Hacienda Pública por medio de operaciones intracomunitarias ficticias de compraventa de componentes informáticos, conocidas como 'carruseles fiscales'. Las investigaciones policiales han determinado que la organización desarticulada está compuesta por más de treinta personas, en su mayoría de origen argentino, que han utilizado cuarenta sociedades españolas, portuguesas y de otros países comunitarios para cometer el fraude.
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Tras la huída precipitada de España de uno de los supuestos máximos responsables de la red, identificado como Marcelo P., la Policía consiguió localizar a los administradores de cuatro empresas que en los últimos años habían conseguido devoluciones indebidas del IVA por un importe cercano a los cuatro millones de euros por medio de supuestas compras realizadas en España soportando este impuesto indirecto y posteriores ventas ficticias en Portugal exentas de IVA.
Los responsables de dos de las empresas citadas, Walter Javier C. y Roland Alexander B., que residían en viviendas de lujo alquiladas en San Sebastián de los Reyes y Las Rozas, han sido detenidos. Otros tres administradores supuestamente implicados en la organización, Oscar Javier D., Javier Martín T. y Juan Carlos R., desaparecieron de sus domicilios días antes de esas dos detenciones.
La operación, que se inició hace más de dos años, permitió en su primera fase la detención de tres miembros de la red, también de nacionalidad argentina, identificados como Gabriela Viviana C., Felipe Rafael M. y Fernando Carlos S. -los dos últimos habían utilizado siete identidades distintas-.
En el registro de las dos oficinas que ocupaban los tres arrestados, la Policía halló siete pasaportes falsos con la imagen de dos de ellos, así como importante documentación y tres ordenadores que contenían información sobre los miembros, los sobrenombres de los mismos y las funciones y estructura de esta organización dedicada al fraude de IVA.
Los responsables de la organización utilizaban un sofisticado procedimiento para defraudar a gran escala a la Hacienda Pública en el IVA. Gracias a operaciones intracomunitarias ficticias de compraventa de componentes informáticos, más conocidas como 'carruseles fiscales', conseguían la devolución indebida de este impuesto.
Realizaban estas operaciones fraudulentas por medio de sociedades instrumentales que utilizaban a personas extranjeras no residentes que permanecían unos días en España. Durante su breve estancia, los extranjeros, argentinos con pasaporte italiano falso, recibían plenos poderes en las sociedades instrumentales.
Utilizando distintas identidades, los extranjeros procedían a la apertura de cuentas a nombre de las sociedades en bancos de España y Portugal, realizando importantes operaciones de abonos y adeudos, que servían para dar cobertura a las compraventas ficticias de componentes informáticos, con las que se embolsaban las mencionadas devoluciones indebidas del IVA.
Decenas de millones de euros
La Policía considera que el fraude cometido por esta organización es "desorbitado" porque, independientemente de los elevados importes obtenidos por las devoluciones indebidas, otro grupo de sociedades de la misma organización realizaba supuestas compras en países comunitarios, emitiendo facturas falsas por importes de varias decenas de millones de euros
a nombre de otras sociedades controladas por la propia organización.
Al mismo tiempo, la red operaba con importantes empresas españolas mediante las denominadas 'operaciones casadas', en las que los mismos productos que compraban a sociedades de la organización eran inmediatamente vendidos, exentos de IVA, a otras sociedades italianas, francesas o portuguesas también investigadas.
Por último, la organización desmantelada también falsificaba documentos de transporte y determinadas sociedades controladas por el grupo a las que denominan 'copias', es decir, empresas que, con un nombre similar al de otras firmas del mismo sector en España y Portugal, imputaban de forma fraudulenta operaciones de ventas que realmente no se habían efectuado.
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