El año pasado la legislación reconoció el derecho de los trabajadores autónomos mayores de 55 años a recibir un 20% más de la pensión por incapacidad permanente para equipararlos con los trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social, pero la reforma legislativa excluyó a todos aquellos pensionistas que tenían reconocida la invalidez con anterioridad.

Según la sentencia dictada por la juez de Mataró, la limitación que contiene la nueva ley es discriminatoria, y considera que no permitir el incremento de las pensiones de aquellos que habían obtenido su incapacidad antes de la entrada en vigor de la nueva ley "vulnera el principio constitucional de igualdad y no discriminación".

La sentencia da la razón a A.G.R., un trabajador autónomo de 59 años que fue declarado en situación de incapacidad permanente total derivada de una enfermedad común por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en el año 2000. Tres años más tarde, solicitó el incremento de su pensión, pero el INSS no se la reconoció porque la invalidez había sido dictaminada antes del 1 de enero del 2003, cuando entró en vigor la nueva ley.

La sentencia afecta a un gran número de trabajadores

La abogada Anna Huertos ha explicado la "gran importancia" de esta sentencia porque, según ha dicho, "afecta a un gran número de trabajadores que hasta ahora se veían privados de sus derechos".

"Se trata de un paso muy importante en la defensa de los derechos de los trabajadores autónomos, un colectivo que ha estado demasiado tiempo olvidado por los políticos y que aún se encuentra con una cobertura social claramente insuficiente", ha apuntillado la abogada laboralista.