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CINCO DÍAS - ECONOMÍA   

12 de julio de 2004    


Guerra de Hacienda a las facturas falsas

Bernardo Díaz / MADRID

La nueva cúpula de Hacienda está dispuesta a poner patas arriba el sistema de módulos (estimación objetiva) en el IRPF y el IVA para atajar la lucha contra el fraude entre los pequeños empresarios, que son la mayoría del tejido empresarial español. Aproximadamente dos de cada cinco autónomos (más de un millón y medio de contribuyentes) está incluido en módulos.

No obstante, la intención inicial del Gobierno no es realizar una reforma en profundidad sino centrarse sólo en los elementos potenciales de mayor riesgo y en las deficiencias que se vienen arrastrando desde hace años como el fraude derivado de la emisión de facturas falsas.

La idea pasa por restringir el acceso a los módulos a los que verdaderamente cumplen con los requisitos y se dificulte el trabajo a los que defraudan reiteradamente.

'Es de todos conocida la utilización abusiva de dicho régimen por determinados contribuyentes para la emisión de facturas falsas, no siendo corregidas dichas conductas por el área de Gestión que normalmente se limitan a la comprobación de los signos o módulos de la actividad', reconoce José María Peláez, jefe de la unidad regional de Inspección de Valencia.

Para Peláez, el problema se ha tratado de resolver mejorando la coordinación entre áreas de la Agencia Tributaria, 'cuando la única medida lógica, dada la magnitud y gravedad del fraude, es que las actuaciones de comprobación de dichos contribuyentes se efectuara de forma integral por el área de Inspección', dejando paso la de Gestión.

Mientras el Gobierno considera esta propuesta de los propios inspectores de Tributos, ya ha comenzado a mover ficha. De hecho, la Secretaría de Estado de Hacienda está dispuesta a ampliar los requisitos formales de información de algunos contribuyentes. Así, está estudiando la creación de un registro de facturas para una parte de los contribuyentes que tributan en módulos, sobre todos, aquellos que facturan a otros empresarios como intermediarios. Fuentes de Hacienda reconocen que es común la emisión de facturas falsas o exageradas, en sectores en los que se utiliza de forma frecuente la subcontratación como en la construcción y el transporte. La medida (un registro de facturas) podría ser incluida (aún no se ha tomado la decisión) en el nuevo plan de control que la Agencia Tributaria presentará en octubre o, posteriormente, en las disposiciones reglamentarias de base tributaria.

Límites flexibles

Hay otras alternativas que están siendo barajadas. Por ejemplo, hay veces en las que un buen ejercicio provoca unos ingresos extraordinarios en algunos contribuyentes que le hacen situarse por encima de los límites del sistema (450.000 euros anuales de facturación) Estas situaciones favorecen la ocultación de ingresos. 'Una posible solución pasaría por que el exceso de ingresos sobre este límite tributara como renta normal', apunta Juan Manuel López Carbajo, jefe del Equipo de Estudios de la ONIF (Oficina Nacional contra el Fraude) de la Agencia Tributaria.

El Gobierno está estudiando también investigar a los empresarios que, en un momento dado, optan por la renuncia a los módulos (el sistema tiene carácter voluntario siempre que se cumpla con una serie de requisitos). La Agencia Tributaria tiene constancia de que estos contribuyentes declaran como norma un tercio de rendimientos menos, una vez que salen del sistema. Según datos de Hacienda, hay cerca de medio millón de contribuyentes que cumplen los requisitos para estar en módulos y, sin embargo, han renunciado a ello.

Desde la patronal se reclaman otras vías de reforma como compensaciones por los gastos que origina a todo empresario la gestión de las retenciones tributarias de sus trabajadores. 'El empresario se encarga de todo, sin ayudas', señala Enrique Abella, del comité fiscal de la CEOE.

A revisión el concepto de delito fiscal

Otra propuesta a destacar, realizada por los inspectores de Hacienda, y que se extralimita al ámbito del sistema de módulos (afecta a todo el sistema tributario) se refiere a la definición de delito fiscal. Como explica José María Peláez, la aplicación del delito fiscal no está cumpliendo las finalidades disuasorias y sancionadoras previstas por el legislador.

Las iniciativas legislativas sobre el delito contra la Hacienda Pública se han limitado siempre a elevar la cuantía mínima de la cuota defraudada (ahora en 90.000 euros), eludiendo una reflexión más de fondo sobre las causas.

'Debe reformarse esta figura, introduciendo un tipo penal orientado a corregir las conductas de quienes ofrecen a terceros instrumentos diseñados para posibilitar la ocultación fiscal, independientemente de la responsabilidad criminal que pudiera derivar de la cooperación en los delitos fiscales de esos terceros', comenta Peláez.

Los inspectores se refieren así a algunos profesionales como asesores fiscales o abogados, propensos a sugerir caminos para defraudar al fisco. Esta tesis la confirman jueces como Arturo Beltrán, magistrado de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid, que reconoce que 'algunos abogados han pasado la línea de la legalidad y se han convertido en inductores del delito fiscal'.

Dada la experiencia de los últimos años, Peláez considera también pertinente que se endurezcan las sanciones en los casos de colaboración de la banca con los defraudadores.



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