De este modo, hizo hincapié en que en materia fiscal y presupuestaria "la información es trascendental" ya que, según dijo, "este tema no se reduce a un nivel de regiones". Por ello, apostó por lograr una mayor "integración" y "coordinación" entre las distintas administraciones porque "los intereses de las comunidades autónomas y del Estado son los mismos".

En relación con esta idea, el secretario de Estado criticó el "desencuentro total" que, según aseveró, "se ha vivido en todos los campos en los últimos cuatro años".

"Ése es uno de los temas que debe cambiar en este nuevo periodo", subrayó Fernández Ordóñez, quien opinó además que no se puede "tener como hasta ahora una Agencia Tributaria cuyo único contacto con las autonomías sea un Consejo al que van cuatro representantes".

Señaló que el nuevo texto introducirá cambios en lo referente a la autonomía financiera de las comunidades autónomas, una "prescripción constitucional que la anterior norma se saltaba absolutamente", censuró. No obstante, pese a la "débil utilización" que a su juicio han hecho los gobiernos autonómicos de su capacidad normativa, precisó que "habrá que sentarse y acordar lo que se hace" para evitar desigualdades territoriales.

La "competencia fiscal" de las CCAA

Ordóñez, consideró también conveniente llegar a algún tipo de acuerdo con las comunidades autónomas para procurar que la capacidad normativa que éstas tienen sobre algunos impuestos no se utilice en términos de "competencia fiscal" entre ellas. "En la medida en que cada comunidad tiene autonomía financiera habrá que sentarse y habrá que tratar de acordar qué es lo que se hace. No veo otra posibilidad".

Fernández Ordóñez indicó que hasta ahora, con la excepción de Cantabria, que el 1 de enero de 2003 suprimió en la práctica el Impuesto de Sucesiones en las herencias de padres a hijos, "el conjunto de la capacidad normativa de las comunidades autónomas (en materia de impuestos) ha sido utilizada muy débilmente".

"La recaudación del Impuesto de Sucesiones no es importante,comparado con lo que representan el IVA, el Impuesto de Sociedades o el IRPF, pero evidentemente genera un problema de competencia fiscal obvio, que tendremos que estudiar y ver con las comunidades autónomas, que son las que tienen capacidad normativa", opinó.

El secretario de Estado también citó el caso de las llamadas "vacaciones fiscales" del País Vasco, que fueron declaradas ilegales por la UE y que suscitaron las críticas de comunidades vecinas, como La Rioja y Cantabria, por la desventaja en la que les dejaba a la hora de gestionar la implantación de empresas en su territorio.

"Las descentralización tiene enormes ventajas, pero también plantea algunas cuestiones como éstas. Consideró que la "competencia fiscal" es uno de los "retos" que tiene que resolver la Hacienda Pública "en el siglo XXI" y recalcó que no sólo se plantea en términos internos, sino también entre países dentro de la Unión Europea.

En este sentido, se refirió al Impuesto sobre Sociedades, que en la mayor parte de los países de la antigua Europa de los Quince se sitúa entre el 25 y el 30 %, en tipos efectivos. "Pero es que, de los diez nuevos miembros de la UE, el que lo tiene más alto tiene un 19%, que es Polonia. Y de ahí, hasta Estonia que lo tiene en cero", explicó.