Según FSAP-CC.OO., la Comisión Promotora, compuesta por representantes de la Administración y de los sindicatos CC.OO., UGT y CSI-CSIF, tuvo en cuenta, a la hora de elegir gestora y depositaria del plan, la infraestructura que permita dar servicio a un colectivo tan repartido a lo largo de la geografía nacional.

El Fondo de Pensiones de la Administración General del Estado, cuya creación fue acordada en noviembre de 2002 en la Mesa General de la Función Pública, afecta directamente a unos 523.000 empleados públicos y parte con una dotación inicial, aportada por la Administración, de 54,65 millones de euros (equivalente al 0,5% de la masa salarial de los empleados públicos de la Administración General del Estado) que se hará efectiva en el mes de noviembre.

Entre los beneficiarios de este plan se incluyen tanto los del ámbito de la Mesa de Negociación de la Función Pública, como el personal ajeno a la misma (magistrados, jueces, fiscales, Fuerzas Armadas y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado), y para acogerse al mismo se requieren, al menos, dos años de servicio en la Administración.

El plan de pensiones es compatible con las pensiones públicas y las clases pasivas del Estado, las aportaciones tienen carácter de salario diferido y cubren las contingencias de jubilación con la incapacidad del partícipe, así como el fallecimiento del mismo o beneficiario.

Las futuras dotaciones de la Administración al Fondo de Pensiones se decidirán anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Además, los empleados públicos podrán hacer aportaciones personales al mismo.