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El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, realizó ayer ante la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso un anuncio que suena a ya oído en la anterior legislatura. El Gobierno va a buscar fórmulas, por la vía normativa, para que las grandes empresas con beneficios no carguen a la Seguridad Social con sus planes de prejubilaciones. Se trata de establecer un modelo de 'disuasión fiscal' para evitar que las empresas repercutan sobre las arcas públicas -como ha ocurrido con profusión en un pasado no muy lejano- parte de sus costes salariales mediante las jubilaciones anticipadas. Una práctica que conocidos y rentables grupos han aplicado, entre otras cosas, para rejuvenecer su plantilla a bajo coste. La propuesta de Granado está llena de sentido común. Y de inmediato ha sido respaldada por los portavoces del PP y de CiU. Conviene que el Gobierno no caiga en el error de sus predecesores, que criticaron con dureza la costumbre, y no pasaron de ahí.
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