Solbes señaló que, según los datos del Ministerio de Economía y Hacienda, del conjunto de 7.639 entidades locales que podrían pedir la compensación, ya lo han hecho el 92,1% y añadió que, una vez analizadas las solicitudes recibidas, el montante total ascendería a los 611 millones de euros, de los que en el 2003 se anticiparon 435 millones.

El vicepresidente económico explicó que la garantía del incremento anual de la compensación definitiva calculada para este año, en los mismos porcentajes en que aumentan los ingresos tributarios del Estado, debería absorber las modificaciones en los censos del IAE, al tiempo que evitará los costes de una extremadamente compleja gestión administrativa si se adoptase un modelo de ajuste individual y anual de la compensación.

Solbes manifestó que este año será el primero de aplicación plena del modelo de financiación local, por lo que "debemos esperar a ver cómo ha evolucionado el sistema para ver si se consiguen los objetivos anunciados por el anterior Gobierno y se consolida la autonomía y la suficiencia financiera de las corporaciones locales. En función a ese análisis se tomarán las medidas oportunas".

El vicepresidente también se refirió a la asunción por parte de las entidades locales de los llamados "servicios impropios", aquellos que son competencia de las comunidades autónomas, pero que están financiando las corporaciones locales.

En este sentido, descartó que la Administración Central se haga cargo de su financiación ya que, explicó, en caso contrario "el mismo servicio se estaría financiando por duplicado: a la comunidad autónoma, que no lo ejerce, y a la entidad local que lo asume sin título competencial alguno".

Solbes hizo mención a la petición de la Federación Española de Municipios y Provincias de que las entidades locales participen en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuestión sobre la que manifestó que se trata de una "solicitud recurrente que siempre ha encontrado una respuesta negativa".

"El CPFF es un foro de diálogo entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas en materias ajenas al sector local, el cual dispone de su propio órgano de coordinación, la Comisión Nacional de Administración Local", afirmó.

Solbes precisó que cualquier decisión de incluir al sector local como miembro del CPFF requeriría la autorización de las comunidades autónomas y, en todo caso, la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.