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ALGUNAS
NOVEDADES |
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Multas
: El
pago de las multas en el período voluntario supondrá
una reducción inicial del 25%.
Sanciones: Se dividirán entre leves (menos de 3.000
euros), graves (cuando exista ocultación, facturas falsas
o anomalías) y muy graves (métodos fraudulentos).
Abusos: Se regulan por vez primera los casos de
abuso de ley.
Actas: Se crean las actas con acuerdo que dependen
de la voluntad común de la Administración y del afectado.
Recurso: El plazo para recurrir se amplía a un
mes.
Consultas: Todas las consultas que los contribuyentes
hagan a Hacienda o a la Agencia Tributaria sobre el pago
de impuestos serán vinculantes.
Pagos pendientes: Se aplicarán intereses legales
si se presentan garantías bancarias directas. |
La nueva Ley General Tributaria (LGT), que viene a sustituir a la normativa preconstitucional vigente desde 1963, entrará en vigor el jueves, 1 de julio, entre las críticas sobre su eficacia por parte de inspectores de Hacienda y asesores fiscales, si bien estos últimos defienden algunos de sus puntos más controvertidos. En lo que sí coinciden ambos es en que el primer reto que deberá afrontarse con el nuevo texto es desatascar los miles de expedientes sancionadores 'paralizados' desde diciembre.
El calificativo de «atasco» es utilizado por inspectores y asesores para definir la acumulación multitudinaria de expedientes desde que se publicó la LGT en el Boletín Oficial del Estado hace casi siete meses, aunque no se aventuran a cuantificarla. No obstante, si se consideran las cifras correspondientes a las sanciones cobradas en 2003, según el informe anual de la Agencia Tributaria, las sumas pendientes de ejecución podrían superar los 125 millones de euros.
Problemas
Desde el Ministerio de Economía y Hacienda se reconoce la existencia de «un problema», si bien confían en que durante la segunda mitad del año se solvente. Sin embargo, los profesionales advierten de que sin el reglamento sancionador (cuya entrada en vigor se demorará al menos hasta otoño) será «más que complicado» resolver un buen número de esos expedientes.
Los miembros de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (APIFE) ya cuentan con que tendrán que trabajar «a destajo» para resolver todos los expedientes antes del 31 de diciembre, cuando -según la disposición transitoria que acompaña a la futura normativa- podrían caducar. Los beneficiados por tan corto plazo son quienes tienen cuentas pendientes con el fisco, que podrían ver como sus deudas quedan en el 'limbo' administrativo. Pese a ello, desde el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) creen negativo el retraso en la entrada en vigor del reglamento, ya que tanto Administración como particulares dispondrán de «muy poco tiempo» para analizar y aplicar unas normas «muy complejas».
El denominado 'conflicto en la aplicación de la norma tributaria' es otro de los puntos controvertidos de la nueva legislación, de la que también critican su elevada subjetividad y lo reducido de algunas sanciones. Los inspectores rechazan el primer sistema que regula de forma concreta los posibles casos de 'abuso de ley', pues creen que no frena la «permisividad» actual con el fraude «más sofisticado» y la 'ingeniería financiera'. También se quejan de que se hayan eliminado las sanciones por estos temas, y de que sean resueltos por unos nuevos órganos unipersonales, independientes de la Inspección, que tomarán una decisión en un plazo de seis meses.
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