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Estrella Económica - Economía 

25 de junio de 2004  



Hacienda reforzará la actuación contra el blanqueo de dinero del narcotráfico, que estima en 7.500 millones

Fernández Ordóñez afirmá que se potenciará la colaboración internacional contra las tramas organizadas del IVA, que defraudan más de 4.000 millones

Estrella Digital/EP

Madrid

El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, aseguró ayer que uno de los objetivos prioritarios de la Agencia Tributaria en los próximos años se centrará en investigar y detectar el blanqueo de capitales procedente de las operaciones del tráfico de droga, al que hasta ahora no se ha dedicado "suficiente atención" y que genera en España un volumen superior a los 7.500 millones de euros, según estimaciones del departamento de Aduanas.

En su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda del Senado, Fernández Ordóñez dijo que no va a anunciar medidas concretas al respecto para "no facilitar el trabajo de los defraudadores", aunque formarán parte del Plan de Lucha contra el Fraude que presentará en otoño la Agencia Tributaria, y que dará contenido a las actuaciones de control tributario a desarrollar en el 2005 y años sucesivos.

Según el secretario de Estado de Hacienda, hay que combatir el fraude fiscal y evitar que se produzca, "y que la administración dé la respuesta adecuada a cada caso en los incumplimientos tributarios utilizando diferentes técnicas de selección y procedimientos de control en función de los diferentes fraudes existentes".

En este sentido, dijo que no se puede tratar de la misma forma a todos los contribuyentes, porque la mayoría cumple con sus obligaciones y, además, no todos los incumplimientos tienen la misma naturaleza, importancia o riesgo fiscal. Así, indicó que algunos son meros errores o inconsistencias en datos, otros reflejan la intención sistemática de defraudar, y algunos más graves pueden calificarse de ilícitos penales, e incluso en ocasiones entrando de lleno en el mundo de la delincuencia organizada.

Fernández Ordóñez anunció que la Agencia Tributaria ha identificado ya diferentes puntos débiles y cuestiones estratégicas susceptibles de mejoras, y realizará un diagnóstico y propuestas que refuercen medidas contra el fraude.

Algunos puntos débiles que se deben analizar, en su opinión, se refieren a "carencias significativas en el mercado inmobiliario". En este sentido, se efectuará un seguimiento de transmisiones de fincas integradas en planes de actuación urbanística para controlar plusvalías generadas y la correcta aplicación del IVA.

También puntualizó que en las tramas organizadas de IVA se van a reforzar los controles de acceso al registro de operadores intracomunitarios, de forma que no puedan realizar adquisiciones de bienes en otros países de la UE sin soportar el IVA aquellas entidades constituidas únicamente con fines defraudatorios.

A este respecto, abogó por potenciar la colaboración internacional con otros estados de la UE, ya que desde que en 1993 desaparecieran las fronteras interiores, las adquisiciones efectuadas por empresarios y profesionales en otros estados de la UE están exentas del IVA en el estado de origen, lo que ha provocado la aparición de tramas de fraude. "Se estima en más de 4.000 millones de euros el fraude generado en España por este tipo de tramas organizadas", añadió.

Por otra parte, Fernández Ordóñez afirmó que en los regímenes objetivos de tributación, en algunos casos en vez de contribuir a la simplificación de las obligaciones a cumplir por los pequeños contribuyentes, han sido utilizados como fórmulas para defraudar, "con desviación y enmascaramiento de beneficios, o la emisión de facturas falsas".

En su opinión, estos regímenes han demostrado ser un instrumento muy útil para simplificar las obligaciones contables y registrales de determinados contribuyentes, pero es necesario plantear su reforma "reduciendo su ámbito de aplicación, que debería quedar circunscrito exclusivamente a los pequeños empresarios".

Además se mostró partidario de reforzar la colaboración con las administraciones tributarias de las comunidades autónomas, y afirmó que el Gobierno no tiene ninguna objeción para que cada comunidad cree su propia Agencia Tributaria para gestionar sus propios impuestos, pero subrayó que la Agencia Estatal seguirá controlando tanto los impuestos del Estado como los parcialmente cedidos a las comunidades.

También reiteró que el próximo 1 de julio entra en vigor la nueva Ley General Tributaria, que supondrá la reanudación de cientos de miles de expedientes sancionadores paralizados, con el criterio de aplicar la sanción más favorable para el contribuyente.



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