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Primero fue Italia, luego Alemania y después Bélgica. La tentación de la amnistía fiscal parece invadir una parte de Europa. El último país en caer en sus redes ha sido Francia, en donde establecer un perdón fiscal es todavía un proyecto que quizá vea la luz en la Ley de Presupuestos para 2005. La adopción de este tipo de medida busca recuperar capitales ocultos y, por tanto, no declarados a las Haciendas nacionales por las personas físicas (y jurídicas en ocasiones) con el anzuelo de un pago mínimo de impuestos y el perdón de toda sanción.
Entre las justificaciones para esta medida está la necesidad de ajustar los déficit nacionales. Ahora bien, ni todos los países señalan abiertamente esta prioridad -Francia, por ejemplo, ha alegado que busca financiar un fondo de ayuda social-, ni todos los países que se han acogido a la amnistía tienen un déficit que, a priori, parezca justificar la medida -Bélgica-. Con la libertad de movimiento de capitales actual dibujando un entorno en el que el dinero se va en busca del mejor postor, detrás de una amnistía también está el proteccionismo de los Estados. 'Hay que hacer más competitivo el sector financiero', parecen pensar países como Alemania y Bélgica.
Plantear una amnistía fiscal en España exigiría al Gobierno reconocer que existe una situación económica de riesgo, algún agujero económico que cubrir o un sector financiero dañado por la competencia de países como Suiza, Luxemburgo o Liechtenstein. Con el déficit cero como caballo de batalla del anterior Gobierno del PP, sería impensable un perdón que buscara aumentar la recaudación a base de repatriar grandes capitales. Además, habría supuesto reconocer el fracaso de su reforma fiscal.
Con el actual Gobierno del PSOE y la línea de prudencia presupuestaria dibujada por el ministro de Economía, Pedro Solbes -las últimas cifras prevén que en toda España se registre en 2005 un déficit del 0,5% del PIB que se irá reduciendo a lo largo del período- tampoco parece que la motivación económica se presente esencial. Así pues habrá que pensar en otras justificaciones como que a España cada vez vienen más entidades extranjeras, en tanto que las nacionales no salen fuera. Una inyección de varios miles de millones repatriados no les vendría mal. Pero no hay que llevarse a engaño. Los bancos suizos y similares gracias a sus redes locales han logrado unas tasas de retención del capital repatriado en países como Italia nada desdeñable de entre un 40% a un 60% y superiores.
Aumentar la recaudación de las arcas del Estado a base de lanzar a la sociedad un mensaje de borrón y cuenta nueva con los evasores de capitales tiene un alto coste político que hay que atar muy bien. No en vano las amnistías fiscales suponen un castigo a quienes siempre han cumplido bien con sus deberes y establecen un precedente que lleva a la sociedad a pensar que tras una amnistía bien podría seguir otra. Al tiempo, conviene recordar que salvo la amnistía fiscal de 1977, realizada a modo de 'punto y aparte', tanto la articulada durante los años ochenta como la última de 1991 estuvieron dirigidas por Gobiernos socialistas. El tiempo ha demostrado que este último perdón tuvo escaso impacto sobre la recaudación. Afloraron casi 5.000 millones de euros en Deuda Pública Especial y la recaudación por el sistema de complementarias que se articuló fue el 0,8% de la recaudación ordinaria. Ahora, ¿de cuánto dinero se habla en España?
Los más aventureros cifran el capital que retornaría en la mitad de lo recaudado en Italia en los primeros años de amnistía, esto es, unos 35.000 millones de euros (y tirando por lo alto). Este importe supone el 4,7% del PIB español. Ahora bien, habría que ver qué tasa se impone para analizar el impacto recaudatorio. En España ya existe un sistema para ponerse a bien con Hacienda que lleva a más de uno a afirmar que vivimos en permanente amnistía fiscal. Basta con pagar un recargo del 20% más intereses de demora por los últimos cuatro años. De ahí que tendría que establecerse una tasa inferior ¿quizá del 15%? En este caso estaríamos hablando de una recaudación de 5.250 millones de euros. Sólo la recaudación del Estado español por el último año de IRPF fue de algo más 32.280 millones de euros. Ahora bien, también hay que cuantificar los ingresos resultantes de 'enchufar' a la economía esos 35.000 millones de euros hipotéticos.
Además de la libertad de movimiento de capitales, toda amnistía fiscal actual debe sortear peligrosamente las leyes para luchar contra el blanqueo o la competencia fiscal en el seno de la UE. ¿Puede un país premiar a quien repatríe su patrimonio en detrimento de quien decide tenerlo en el extranjero?, ¿puede un país hacer la vista gorda respecto al origen de un dinero oculto cuando sus leyes obligan a abogados, banqueros y todo tipo de asesores a denunciar operaciones sospechosas? Responder con un sí rotundo resulta forzado. En todo caso, tendremos ocasión de ver qué opina la Comisión cuando responda a la queja presentada por la Asociación de Bancos y Banqueros Luxemburgueses contra la amnistía fiscal belga.
Con independencia del fin perseguido con una amnistía y de que guste o no en el entorno internacional, lo cierto es que una parte del capital evadido de España está deseando volver a casa. En concreto, aquel que salió fruto de un pecado original (una herencia que no se declaró, unos beneficios empresariales desviados, un pago por pensiones que una junta de acciones jamás aprobaría...), en un entorno de alta fiscalidad y cuyo coste actual de seguir oculto o de organizar su repatriación al margen de Hacienda para disfrutarlo en casa es cada vez más elevado. Se trata de un capital que pudo salir de España a través de complicados recorridos de un país a otro o, simplemente, ingresando en una cuenta en un paraíso fiscal como un pago por servicios prestados en el extranjero. Frente a éste, quien en su salida al exterior buscara proteger su patrimonio de deudas futuras o, simplemente, saltarse el reparto de su herencia según el rígido sistema que impone el Código Civil es posible que ni quiera ni aproveche una amnistía fiscal porque el motivo por el que salió sigue presente.
Como es el entorno de favorable fiscalidad y de seguridad jurídica el que está tentando la repatriación, antes de hablar de perdones y jugársela en el plano político, parece más adecuado que el Gobierno aborde la reforma de las situaciones que aún hoy siguen animando a evadir capitales. Entre ellas, la supresión o revisión urgente del Impuesto sobre el Patrimonio, la mejora y no la persecución de las fórmulas de ahorro colectivo y algunas rigideces de la inspección de Hacienda que están disuadiendo a más de uno de hacer una regularización voluntaria. Desde el Gobierno dicen que el tema no está en la agenda. Saber
si lo dicen con la boca pequeña o grandes es más difícil.
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