El Gobierno no aprobará durante el mes de junio el Plan de Choque en materia de vivienda, cuya adopción en consejo de ministros estaba prevista para este mes, y dividirá en dos consejos de ministros la aprobación de este plan, según se desprende de las declaraciones efectuadas por la ministra de Vivienda al término del Foro 'Perspectivas Económicas del Gobierno' organizado por el diario Cinco Días.

Sin concretar fechas, la ministra aseguró que el Plan de Choque, que reformará el Real Decreto que regula el Plan de Vivienda vigente, "tendrá probablemente dos consejos de ministros": Un primer consejo "donde se apruebe un acuerdo político", que podría tener lugar este próximo viernes, y un segundo donde "se de vía libre a determinadas modificaciones normativas", explicó la ministra a los medios de comunicación. "No es previsible que en el primer consejo de ministros se apruebe ninguna norma que modifique el Plan de Vivienda", afirmó.

Además, estas modificaciones normativas que contemplará el Plan de Choque serán posteriores a la convocatoria de la conferencia sectorial con las Comunidades Autónomas, cuya fecha de celebración no fue revelada por la ministra. "La reforma del decreto conlleva una negociación con las Comunidades Autónomas que formalmente habrá que llevarla a una conferencia sectorial".

Subidas en la VPO

Una de las razones de este aplazamiento es la necesidad de negociar con las comunidades la "corrección" del precio máximo de las viviendas de protección oficial, que el Ministerio pretende incluir en el Plan de Choque. Esta revisión al alza tiene como objetivo "impedir excusas a la hora de promover viviendas protegidas en determinados municipios", aunque en ningún caso será del 25%, tal y como reclamaron los promotores a la ministra. "Una subida del 25% en el precio del módulo me parece excesiva", señaló la ministra, que apuntó que la subida no será "líneal", sino que variará en función de los municipios.

Ayudas directas para el arrendador

El Plan de Choque tendrá como "eje principal" aumentar de 110.000 a 180.000 las actuaciones en materia de vivienda protegida para el año 2004, 90.000 viviendas nuevas y 90.000 usadas, que estarán encaminadas fundamentalmente al mercado de alquiler.

Entre las iniciativas contempladas en este plan, y al margen de las ayudas directas al arrendatario ya anunciadas en su comparecencia ante la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso, la ministra adelantó que también se concederán ayudas directas al arrendador, al margen de las deducciones actuales contempladas en el IRPF, que se canalizarán a través de la agencia pública del alquiler de próxima creación.

Tras descartar una alteración en los plazos de los contratos de arrendamiento vigentes, Trujillo citó otras medidas que contemplará el futuro plan, como son el acuerdo de modificación de la ley del régimen del suelo y valoraciones y el desestimiento de los recursos de inconstucionalidad contra decisiones de determinadas Comunidades Autónomas.

El suelo público

La ministra de Vivienda reiteró hoy que el Gobierno ha iniciado "los trabajos para poner a disposición de las políticas de vivienda suelo del Estado", y aseguró que "los resultados" empezarán a verse "en breve plazo". Durante la inauguración de la "V Conferencia Inmobiliaria de Madrid", con motivo de la celebración del Salón Inmobiliario, Trujillo apuntó que "lo que requiere el mercado es asegurar la disponibilidad del suelos efectivamente urbanizado" para atender a las demandas sociales. Por ello, insistió en que el Ejecutivo movilizará los patrimonios de suelo público que sean idóneos para la construcción de viviendas protegidas, "de manera especial allí donde actuar resulta más urgente".

Más incentivos al alquiler, menos a la compra

En el momento en que sea aprobado el Plan de Choque, el Ministerio comenzará a negociar con las administraciones autonómicas y locales, así como con los agentes del sector, el Plan de Vivienda 2005-2008. Vivienda trabajará con el Ministerio de Economía y Hacienda para conseguir una "neutralidad fiscal" en el IRPF entre el régimen de alquiler y de compra, mediante la reducción progresiva de las bonificaciones fiscales existentes para el comprador y la introducción de deducciones para el arrendatario.

Asimismo, el Ministerio promoverá un "gran pacto de suelo y vivienda" que fomente, entre otras medidas, "las reformas legislativas pertinentes" para establecer en los nuevos desarrollos residenciales una reserva mínima para vivienda protegida y la eliminación del procedimiento de subasta en la enajenación de suelos públicos.

Por otro lado, la ministra aseguró no haber recibido ninguna petición formal por parte del presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Francisco Vázquez, de aumentar el porcentaje que los promotores deben ceder a los municipios. Vázquez propuso aumentar el citado porcentaje desde el 10% actual hasta un 15%, con el objetivo de que los municipios dediquen los nuevos terrenos a la promoción de viviendas protegidas o de precio tasado.

La ministra, que reconoció que España está atravesando un "boom inmobiliario" pretende con estas medidas conseguir "un aterrizaje suave de los precios", un aumento de la proporción de la vivienda protegida con respecto a la vivienda libre y "una mayor adecuación de los precios a los estándares europeos".