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CINCO DÍAS - ECONOMÍA   

8 de junio de 2004    


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La inspección de Hacienda exige más de un año para perseguir el gran fraude

Bernardo Díaz / MADRID

Apife reclama que se endurezcan las sanciones y se faciliten las comprobaciones bancarias. El Gobierno, dispuesto a mejorar la ley general tributaria, vía reglamentos, y una vez que ésta entre en vigor en julio.


Investigar el fraude con más tiempo. Es una de las principales reivindicaciones que los inspectores de tributos englobados en el colectivo Apife (Asociación Profesional de Inspectores de Finanzas de España) acaban de poner sobre la mesa en una reciente reunión con la nueva dirección de la Agencia Tributaria y altos cargos del Ministerio de Hacienda.

Apife cree que el mantenimiento del límite de un año para las investigaciones fiscales (límite incluido en la ley general tributaria, que entrará en vigor el próximo 1 de julio) hace poco menos que imposible la persecución de las complejas tramas de fraude organizado, muchas veces con multiples ramificaciones internacionales. 'Si queremos hacer investigaciones en profundidad, y hacer frente a los verdaderos defraudadores, no debemos estar limitados por un plazo tan pequeño', recalca a Cinco Días Ignacio Fadón, presidente de la asociación.

El colectivo ya hizo saber al anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo erróneo que, en su opinión era el planteamiento de f ijar meros objetivos cuantitativos en la lucha contra el fraude, por cuanto se obligaba a los inspectores a contabilizar actuaciones, 'que muchas veces eran comprobaciones sobre pequeños contribuyentes', para 'mejorar las estadísticas', sin centrarse en una verdadera labor de investigación. Así, gran parte de los 12.000 millones de euros en fraude detectado en 2003 corresponden a comprobaciones de impuestos, más que persecución del gran fraude.

Las críticas de los inspectores de Hacienda se extienden a otros conceptos en los que el colectivo cree que la nueva ley tributaria (diseñada por Montoro), empeora la lucha contra el fraude. Un ejemplo es el trato al movimiento de cuentas bancarias de contribuyentes. Los inspectores piden que desaparezcan buena parte de los trámites actuales (permisos de jefes de área) para que estas comprobaciones 'tengan carácter ordinario y no excepcional', como ahora. Ello agilizaría la labor inspectora.

Por otra parte, Fadón cree necesario un régimen sancionador más duro que el incluido en la ley, centrado, sobre todo, en rebajas en las sanciones a cambio de que el contribuyente renuncie a litigar con el Estado en los tribunales. Fadón recuerda cómo, por ejemplo, el suministro de información falsa se castiga con sólo 200 euros y la coacción a funcionarios de Hacienda no es considerada delito (se sanciona con una simple multa de 150 euros).

El Gobierno dialoga

Desde el Ministerio de Economía y Hacienda se advierte que la ley general tributaria entrará en vigor el 1 de julio como estaba previsto por el anterior Ejecutivo, para no generar más incertidumbre. No obstante, 'el Gobierno actual está dispuesto a mejoras, a través de los cuatro reglamentos que la van a desarrollar' y que estarán listos antes de 2005, según admiten fuentes del departamento que dirige Solbes.

Múltiples críticas a la Ley Tributaria

Los inspectores de Hacienda van más allá de la lucha contra el fraude fiscal en sus críticas a la ley general tributaria. Apife reclama otras mejoras en la relación entre la administración tributaria y el contribuyente como la posibilidad de que sea sancionable el 'conflicto en la aplicación de la norma tributaria' (nueva figura que sustituye al anterior fraude de ley).

'La prohibición de sanción, al margen de las desigualdades que entraña frente al resto de contribuyentes supone que se incentive estos comportamientos elusivos', indica Fadón, para quien la ley tributaria se fija demasiado en los derechos del contribuyente y se despreocupa de sus obligaciones, que también son importantes. La asociación tampoco considera correcto el desequilibrio que se produce, en su opinión, en favor de los empresarios más poderosos en los intereses que deben satisfacerse a Hacienda por el retraso en el pago de las deudas tributarias. En este caso se discrimina al pequeño empresario, que no tiene acceso a garantías bancarias directas, lo que le obliga a pagar unos intereses más altos (intéres de demora) que aquellos contribuyentes que, por su alto nivel de renta, sí pueden acceder a estas garantías (pagan sólo el interés legal).

El colectivo pide, por otra parte, que se refuercen los medios personales y materiales de los que dispone la Dirección General de Tributos para sacar adelante con 'mayor rapidez y coordinación' las consultas tributarias, que la ley estipula serán siempre vinculantes.



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