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En España hay casi tres millones de trabajadores autónomos, cerca del 20% de la población activa, lo que supone un colectivo de gran importancia desde el punto de vista económico. Hasta la fecha, el autónomo quedaba situado a medio camino entre el asalariado y el empresario. A pesar de constituir una parte importante de los afiliados a la Seguridad Social, su situación reclamaba mayor atención de la Administración.
Las nuevas normativas fiscales y otras propuestas impulsadas por el Gobierno anterior les han acercado tímidamente a las condiciones de protección del resto de trabajadores aunque, en cierto modo, pueden parecer insuficientes. La ley del IRPF contempla una serie de deducciones por contratación de prima de seguro de enfermedad satisfechas por el mismo, su cónyuge y los hijos menores de 25 años, hasta un máximo de 500 euros por persona. A esta disposición se le añade que ahora tengan más beneficios de su cotización a la Seguridad Social. Primero, se le reconoce la baja por enfermedad profesional o accidente laboral a partir del primer día y, segundo, podrá cobrar la baja a partir del cuarto día y no del decimosexto como ocurría hasta ahora. Se estudia la posibilidad de crear un fondo de garantía que permita a los autónomos disponer de una prestación análoga al subsidio de paro aunque atender esa demanda de los trabajadores por cuenta propia presenta dificultades. Muy recientemente un alto cargo de la Administración afirmaba que 'es un asunto delicado, porque el autónomo es empresario, alguien que asume riesgos'. Falta saber qué se va a hacer y de qué manera.
Pero ¿qué le preocupa al autónomo? Que si deja de trabajar, deja de ingresar. Necesita la seguridad de estar respaldado económicamente si sufre una baja temporal o, en el peor de los casos, definitiva. Desde el punto de vista de la protección personal, necesita rapidez, agilidad y facilidad en los trámites. Desgraciadamente, la sanidad pública no se las puede ofrecer y sólo lo logra a través de la privada, con desgravaciones como gasto deducible. También le interesa integrar la salud de su familia en las pólizas que contrate. De aquí el beneficio que le suponen las deducciones fiscales por cada miembro familiar que se incluya.
Para el sector asegurador se plantean varios retos de futuro. El primero es extender el modelo de sanidad privada hacia el campo del autónomo por encima de otros colectivos, ya que éste tiene una mayor demanda de servicios. Después, en el lucro cesante de su actividad, ya sea por baja de enfermedad o por el cierre del negocio, el listón se sitúa en que cada trabajador por cuenta propia pueda percibir, desde el primer día, todo aquello que no puede si está de baja. Y finalmente, están las actuaciones para equiparar sus derechos en el campo de la Seguridad Social con los de los trabajadores por cuenta ajena. Hoy en día, tienen menos derechos de cobro de subsidios por baja como enfermedad, subsidio de paro y esquema de cotizaciones.
Este año 2004 servirá para comprobar la percepción que los trabajadores autónomos tienen de estas protecciones laborales y de sus beneficios fiscales y si el nuevo Gobierno deberá acometer nuevas reformas y, finalmente, si el sector asegurador está capacitado para responder a esas necesidades.
Consejero Delegado de ARESA Y Vicepresidente de UCEAC (Unión Catalana de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras)
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