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La supresión o, al menos, la reducción paulatina de los incentivos fiscales por la compra de vivienda que está estudiando ahora el Gobierno, es un asunto que lleva sobre la mesa ya varios años en el mundo académico, analistas e instituciones económicas nacionales internacionales.
Entre estas últimas, destaca el FMI y la OCDE. En sus informes (el último de hace sólo un mes), recalcan que las ayudas fiscales sólo sirven para calentar aún más la demanda de vivienda, y por ende, los precios, por lo que serían necesarias 'medidas correctoras'.
Y entre los expertos fiscalistas más partidarios de llevar a cabo estas medidas correctoras en el mercado de la vivienda se encuentra el catedrático de Hacienda Pública y ahora flamante consejero español del Banco Central Europeo (BCE) José Manuel González-Páramo, quien no ve razonable que el Ejecutivo español se gaste de media 3.000 millones de euros en incentivar una demanda que, de por sí, ya está sobrecalentada.
Problema político
Otros expertos, como Valentín Pich, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), también hacen hincapié en lo espinoso del asunto. 'Una deducción tan consolidada es muy difícil de hacerla desaparecer; el Gobierno tendrá que establecer regímenes transitorios, respetar los derechos consolidados por los actuales compradores e idear líneas de ayuda paralelas como el aumento de la vivienda de protección oficial', indicó ayer a Cinco Días.
Además, Pich ve conveniente que el Ejecutivo estudie otras líneas de actuación como la potenciación del alquiler. El anterior Gobierno dio luz verde a un régimen fiscal especial para las promotoras que se dediquen a la construcción de viviendas destinadas al arrendamiento. Sin embargo, el reglamento que desarrolla la norma aún no ha sido publicado. 'Sería conveniente seguir avanzando en esta línea: Con una mayor oferta de viviendas en alquiler se limitaría la presión sobre los precios', comentó.
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