El Gobierno estudia impulsar la aplicación de un tipo de IVA superreducido en las viviendas de protección oficial (VPO). Trujillo avanzó que su Ministerio está estudiando con el Ministerio de Economía y Hacienda la rebaja al 4% del tipo de IVA en todas las VPO.

La ministra hizo mención también a la propuesta, ya anunciada el jueves por Trujillo en el marco de unas jornadas sobre el sector inmobiliario, de modificar la ley del IRPF para reducir el peso de las deducciones fiscales en la compra de vivienda y aumentar el porcentaje de ayuda directa, de forma que ésta última se acerque al 75% del total que supone en Europa, frente al 18% actual.

Esta medida, que no tendrá carácter retroactivo, irá acompañada de una "neutralidad fiscal", tanto en la opción compra como en la opción alquiler", con el fin de equiparar el tratamiento fiscal de ambas y favorecer así el arrendamiento frente a la compra de vivienda, uno de los grandes objetivos de su Ministerio para esta legislatura.

Trujillo aseguró que España es el único país europeo donde no existen desgravaciones fiscales para los inquilinos, mientras la desgravación fiscal a la compra de vivienda es la más alta de la UE. "Esto ha desincentivado gravemente la apuesta por el arrendamiento de los ciudadanos", señaló.

Tras la introducción a partir de junio de un primer Plan de Choque que estará vigente a lo largo de este año, el Ministerio de Vivienda aprobará un plan de Vivienda 2005-2008, en concertación con las Comunidades Autónomas y agentes del sector. En este plan, ya a más gran escala, será donde se incorporen las medidas fiscales.

Además de esas medidas, para cuya puesta en marcha va a ser clave el criterio del vicepresidente económico, Pedro Solbes, el Ministerio de Vivienda diseñará un nuevo sistema de ayudas estatales al inquilino para facilitar el pago de forma transitoria. También pondrá en juego una bolsa de suelo público en poder de las administraciones y, en particular, de la administración general del Estado para destinarlo a la promoción de viviendas de protección oficial. Además, se impulsarán medidas para evitar la retención del suelo y la especulación.

El Plan de Choque

Mientras tanto, y dentro del Plan de Choque, el Ministerio pondrá 180.000 viviendas a disposición de las familias españolas en el 2004, mediante la financiación de 90.000 viviendas nuevas y 90.000 usadas a partir de los objetivos convenidos con las CCAA. En su comparecencia en el Congreso de los Diputados, la ministra explicó que este plan, que modificará al plan actual creado en el 2002, tendrá como objetivos a corto plazo estimular la promoción de viviendas protegidas en propiedad e incentivar el mercado del alquiler. Para ello, el Ministerio incrementará este año en 70.000 actuaciones la oferta de VPO y promoverá "un mejor tratamiento fiscal" de las viviendas de régimen especial.

Asimismo, este plan fomentará la oferta de viviendas en alquiler, aumentando tanto las viviendas protegidas de nueva construcción para alquiler, como potenciando la incorporación al mercado de viviendas vacías en España. Trujillo potenciará, a su vez, la creación del registro de demandantes de viviendas en las CCAA para mejorar el control de la adjudicación de las viviendas protegidas y fomentará la suscripción de seguros para incrementar las garantías de los propietarios. En paralelo al Plan de Choque se creará también una agencia pública de alquiler con el objetivo de dinamizar el parque existente.

Subir la VPO para alentar a los promotores

El Ministerio de Vivienda está estudiando "actualizar" los precios máximos de venta de las VPO, especialmente en "municipios singulares", para favorecer la entrada de los promotores privados en la construcción de este tipo de viviendas. Esta iniciativa esta en línea con las peticiones expuestas el jueves por las principales promotoras inmobiliarias, que denunciaron que la construcción de VPO no es rentable en las actuales condiciones establecidas para su promoción y con la actual estructura de costes de construcción, sobre todo el correspondiente al suelo, dado su elevado precio.

En este sentido, las promotoras condicionaron la posibilidad de entrar a construir VPO a que el precio de venta de estos pisos suba al menos una media de 25%, e incluso en un porcentaje mayor en las ciudades donde más se encarece la vivienda libre. La ministra, que no quiso cuantificar ayer en cuánto podrían elevarse los precios máximos de las viviendas protegidas, señaló que "todos los factores que inciden en el precio de la vivienda están siendo analizados con el objeto de hacer frente a las peticiones de los distintos sectores y conseguir hacer vivienda".

Cruce de acusaciones

Durante su comparecencia en la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso, la ministra hizo hincapié en que el nuevo Ministerio intentará corregir el problema de la vivienda tras los 8 años de Gobierno del PP, período en el que se pasó de construir 79.000 viviendas protegidas en 1996 a 43.000 en el año 2003. Estas críticas fueron respondidas por el portavoz de Vivienda del PP en el Congreso, Pablo Matos, quien aseguró que durante 1987 y 1996, años de Gobierno del Partido Socialista, la vivienda subió en España un 174,5%, mientras que el acumulado entre 1996 y el 2003 fue de un 112%.

Asimismo, el portavoz popular dijo que el esfuerzo para la adquisición de la vivienda representaba para una persona en 1996 el 39,3% de la renta mientras que en el 2003, era del 42,1%, 2,8 puntos más. "Esto no se corresponde con los datos que usted ha dado", refutó Matos, después de que la ministra asegurara que el esfuerzo para acceder a la vivienda se había incrementado en 9 puntos durante los años de Gobierno Popular, hasta el 52%.

Por su parte, el portavoz de CIU en la Comisión subrayó la necesidad de que el Consejo Nacional de la Vivienda canalice los acuerdos entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno central en las políticas de vivienda, "sin contraprestación de los unos y los otros". Además de coincidir con la ministra en proponer el IVA superreducido del 4% para la compra de VPO, planteó incluir en las ayudas oficiales el pago de los impuestos de transmisiones patrimoniales y extender a siete años el plazo de las cuentas de ahorro-vivienda en función de los salarios y las subidas del IPC.